El nuevo Gobierno promete “no castigar” a quienes concentran grandes fortunas, pero aún no explica quién asumirá el costo fiscal ni qué pasará con los recursos destinados a las mayorías
Apenas un día después de asumir la Presidencia, Abelardo de la Espriella dejó una de sus primeras señales sobre el rumbo económico de su Gobierno: eliminar el impuesto al patrimonio, un tributo que actualmente deben pagar las personas cuyo patrimonio líquido alcanza o supera los $3.770 millones en 2026. (Caracol Radio)
El anuncio fue hecho directamente por el mandatario. De la Espriella sostuvo que Colombia debe “dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza”, defendiendo así la eliminación del gravamen como una medida para estimular la inversión y la generación de riqueza. (Caracol Radio)
Pero detrás del discurso de incentivar la inversión hay una discusión que apenas comienza: ¿quién termina pagando cuando el Estado decide cobrar menos a quienes tienen las mayores fortunas?
Un impuesto diseñado para quienes más tienen
El impuesto al patrimonio no afecta al trabajador promedio ni a la mayoría de los hogares colombianos.
La DIAN establece para 2026 el umbral en 72.000 UVT, equivalentes a $3.770.928.000 de patrimonio líquido. Es decir, después de descontar las deudas, una persona debe superar ese nivel patrimonial para estar obligada a declarar y pagar este impuesto. (DIAN)
Por eso, eliminarlo representa, de entrada, un alivio tributario dirigido a un sector muy reducido de la población: quienes concentran grandes niveles de riqueza.
Y ese es precisamente el punto que debe entrar en el debate público.
No se trata simplemente de discutir si los empresarios deben pagar impuestos o si la inversión necesita incentivos. Se trata de preguntarse qué modelo de distribución de las cargas tributarias quiere construir el nuevo Gobierno.
El problema es lo que viene después
Si el Estado elimina una fuente de ingresos, esos recursos tienen que compensarse de alguna manera: mediante mayor crecimiento económico, reducción del gasto, nuevos impuestos, endeudamiento o una combinación de estas alternativas.
Y ahí aparece la preocupación para los sectores populares.
Si el Gobierno decide reducir la contribución de quienes tienen los patrimonios más altos y posteriormente necesita aumentar el recaudo por otras vías, la discusión será inevitablemente sobre quién termina pagando la diferencia.
Porque los recursos públicos financian educación, salud, infraestructura, programas sociales, atención a población vulnerable y funcionamiento del Estado.
Por ahora, no puede afirmarse que los pobres ya estén pagando el costo de esta decisión, porque la reforma tributaria que determinará el nuevo esquema todavía debe conocerse y tramitarse. Pero sí es legítimo advertir que la eliminación de un impuesto sobre grandes patrimonios abre una pregunta fundamental sobre la progresividad del sistema tributario.
El giro frente al modelo anterior
La decisión también marca una diferencia política frente al camino que había tomado el Gobierno de Gustavo Petro.
La Ley 2277 de 2022 estableció nuevamente el impuesto al patrimonio con un umbral de 72.000 UVT y tarifas progresivas que llegaban hasta el 1,5 % para los patrimonios más altos. (Normograma)
La lógica era que quienes tuvieran una mayor capacidad económica aportaran proporcionalmente más al financiamiento del Estado.
Ahora Abelardo plantea desmontar ese impuesto bajo la idea contraria: que gravar el patrimonio desincentiva la inversión y la generación de riqueza.
El choque entre ambos modelos es evidente.
De un lado, una política que busca aumentar la contribución de quienes tienen mayor capacidad económica. Del otro, un Gobierno que considera que reducir esa carga puede estimular la economía.
¿Y los colombianos de a pie?
