El representante antioqueño Alejandro Toro, del Pacto Histórico, volvió a encender las alarmas por la soberanía colombiana ante la presencia y las operaciones de fuerzas militares extranjeras durante el gobierno de Espriella. La preocupación no es nueva pues desde agosto sectores del Pacto Histórico vienen exigiendo que el Gobierno explique qué autorizaciones existen y cuál es el alcance de la cooperación militar acordada con Estados Unidos.
El debate tomó fuerza después de que Colombia se incorporara al llamado Escudo de las Américas, una coalición contra los carteles promovida por Estados Unidos. Reportes públicos sobre el acuerdo señalan que contempla cooperación y operaciones conjuntas contra estructuras vinculadas al narcotráfico. Para Toro, el problema de fondo es que la lucha contra organizaciones criminales no puede convertirse en una puerta para entregar decisiones sobre el territorio colombiano a una potencia extranjera.
Organizaciones civiles también alertan por soberanía y derechos
La preocupación ya desbordó el escenario partidista. Temblores ONG, junto con organizaciones académicas y de la sociedad civil especializadas en política de drogas, pidió al nuevo Gobierno que cualquier decisión en esta materia esté guiada por tres principios: los derechos fundamentales de la ciudadanía, la soberanía nacional y la evidencia científica. El pronunciamiento, publicado en septiembre, fue suscrito también por organizaciones como Dejusticia, la Fundación Ideas para la Paz, CESED, Elementa, FESCOL y Corporación Humanas, entre otras.
Ese llamado refuerza una de las preguntas planteadas por Toro y el Pacto Histórico: la cooperación internacional contra el narcotráfico no puede convertirse en un cheque en blanco para que otro Estado intervenga en decisiones que corresponden a Colombia. Al mismo tiempo, el pronunciamiento de las organizaciones no prueba por sí mismo que haya ocurrido una operación extranjera ilegal; sí muestra que la defensa de la soberanía y de los derechos fundamentales se ha convertido en una preocupación más amplia frente al rumbo de la política de drogas y seguridad del Gobierno.
Ver el pronunciamiento de Temblores ONG.
El Congreso tiene una función constitucional
La controversia tiene un punto jurídico concreto. El artículo 173, numeral 4, de la Constitución atribuye al Senado la facultad de permitir el tránsito de tropas extranjeras por territorio de la República. Además, antecedentes judiciales y debates previos en el propio Congreso han establecido que la cooperación militar no elimina automáticamente el control constitucional cuando existe presencia u operación de tropas extranjeras.
Por eso, afirmar que todas las acciones anunciadas por el Gobierno son automáticamente ilegales sería ir más allá de la evidencia disponible: todavía se requiere conocer los acuerdos completos, el carácter de las unidades extranjeras, sus funciones, si están armadas y qué autorizaciones fueron tramitadas. Precisamente esa falta de claridad es parte de lo que cuestionan Toro y otros dirigentes del Pacto Histórico.
Una preocupación que viene desde agosto
La discusión ya había estallado con la llegada de personal militar israelí presentado como misión de apoyo humanitario tras el terremoto. En ese momento, Noti Toro informó sobre los cuestionamientos por la llegada de militares de Israel a Colombia y las exigencias para aclarar si ingresaron armados y bajo qué figura jurídica.
Toro también ha sostenido públicamente que el gobierno de Espriella está poniendo en riesgo la autonomía de la política exterior colombiana. En agosto escribió que el Ejecutivo estaba abriendo el territorio a fuerzas extranjeras y reclamó que cualquier actuación de ese tipo respete la Constitución.
El Gobierno, por su parte, defiende su nueva política de seguridad como una ofensiva necesaria contra el narcotráfico y los grupos armados. Presidencia ha informado durante las últimas semanas sobre capturas, incautaciones y operaciones de la Fuerza Pública y sostiene que su estrategia busca recuperar el control territorial.
La discusión, entonces, no es si Colombia debe combatir el narcotráfico. La pregunta que queda abierta es otra: ¿hasta dónde puede llegar Espriella en sus acuerdos militares con gobiernos extranjeros sin pasar primero por los controles que establece la Constitución?
