Federico Gutiérrez tiene una investigación disciplinaria abierta en 2023 y fue denunciado penalmente en 2026. Carlos Pinedo enfrenta señalamientos por presunta presión electoral, mientras figuras vinculadas a las estructuras Char y Gnecco tienen procesos judiciales por compra de votos y corrupción.
Aplicar a sus aliados políticos el mismo rigor que exige a sus adversarios. Una revisión de actuaciones de la Procuraduría, denuncias ante la Fiscalía y decisiones de la Corte Suprema permite identificar cuestionamientos concretos relacionados con mandatarios regionales y estructuras políticas que respaldaron su candidatura presidencial.
Federico Gutiérrez: dos actuaciones distintas
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, figura en una investigación disciplinaria abierta por la Procuraduría el 5 de mayo de 2023, relacionada con hechos de su administración entre 2016 y 2019. El expediente también menciona al entonces gerente de Telemedellín, Cristian Daniel Cartagena González.
En julio de 2026, la Superintendencia Nacional de Salud presentó además una denuncia penal contra Gutiérrez por presuntos hechos de violencia contra servidor público y obstrucción durante una auditoría a la Secretaría de Salud de Medellín. Según la entidad, los auditores habrían enfrentado malos tratos y obstáculos. Gutiérrez, por su parte, cuestionó la imparcialidad de los responsables de la inspección y presentó una recusación. Ninguna de estas actuaciones constituye una condena.
Carlos Pinedo: señalamientos por presión electoral
En Santa Marta, el alcalde Carlos Pinedo fue denunciado en junio de 2026 por la superintendente de la Economía Solidaria ante la Fiscalía y la Procuraduría.
La denuncia describe una presunta estructura de participación política dentro de la administración municipal. Entre los soportes mencionados aparecen conversaciones de WhatsApp, cronogramas de actividades territoriales y registros de una plataforma utilizada, presuntamente, para recopilar información de votantes.
Los Char y la compra de votos
En Barranquilla, Alejandro Char respaldó públicamente a De la Espriella. Su hermano, el exsenador Arturo Char, enfrenta un juicio ante la Corte Suprema por presunta participación en una red de compra de votos durante las elecciones legislativas de 2018.
La acusación, ratificada en julio de 2026, incluye los delitos de concierto para delinquir agravado y corrupción al sufragante agravada. Arturo Char rechaza los cargos y mantiene su presunción de inocencia.
El antecedente de los Gnecco en Cesar
En Cesar, una de las estructuras políticas vinculadas al respaldo a De la Espriella es la familia Gnecco. El exgobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco recibió una condena confirmada por la Corte Suprema en diciembre de 2025, por peculado y contratación sin cumplimiento de requisitos legales relacionados con recursos destinados a la alimentación escolar.
La pregunta que queda para el presidente
No todos estos casos tienen la misma gravedad ni se encuentran en la misma etapa judicial. Hay denuncias que deben investigarse, una acusación pendiente de juicio y una condena confirmada.
Pero todos plantean una exigencia política: la lucha contra la corrupción no puede depender de si el dirigente señalado pertenece a la oposición o forma parte de los aliados del Gobierno.
De la Espriella ha exigido explicaciones a sus adversarios. La ciudadanía también tiene derecho a conocer qué posición asume frente a los cuestionamientos documentados que afectan a los sectores que respaldaron su llegada al poder.
Funcionarios del propio Gobierno de De la Espriella también enfrentan investigaciones y procesos judiciales
Los cuestionamientos no se limitan a sus aliados regionales. Dentro del Gobierno de Abelardo de la Espriella figuran Claudia Carrasquilla Minami, viceministra de Defensa, acusada penalmente por presunto fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, por actuaciones de su época como fiscal; Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, quien enfrenta una investigación por presunto peculado y cuya elección como alcalde de Bucaramanga fue anulada por doble militancia; y Elsa Noguera, ministra de Transporte, vinculada a una investigación por presunto prevaricato relacionado con la expedición del Plan de Ordenamiento Territorial de Barranquilla en 2014.
