Antioquia entre los lugares más peligrosos para la prensa pese a millonaria Tasa de Seguridad

47 agresiones contra periodistas, 14 amenazas mientras cientos de millones de pesos son destinados a una política especial de seguridad que no sirve

Julián Hincapié fue encontrado muerto después de 22 días desaparecido en Anorí. La FLIP registra 47 agresiones contra periodistas este año, mientras la Gobernación asegura haber destinado más de $473.000 millones provenientes de la Tasa de Seguridad.

El asesinato e intento de desaparición de Julián Hincapié, comunicador comunitario y líder social de Anorí, vuelve a poner sobre la mesa una realidad alarmante: Antioquia está entre los departamentos más peligrosos del país para ejercer el periodismo. Hincapié estaba desaparecido desde el 10 de septiembre y su cuerpo fue encontrado el 2 de octubre en el sector La Chinca. La FLIP pidió investigar exhaustivamente las circunstancias de su muerte y no descartar su actividad como comunicador entre las hipótesis.

Antes de conocerse la muerte de Hincapié, la FLIP había registrado durante 2026 47 agresiones contra periodistas en Antioquia, entre ellas 14 amenazas. Tras el asesinato en mayo del periodista Mateo Pérez Rueda, la organización identificó a Antioquia como el segundo departamento más peligroso del país para ejercer el periodismo.

En contraste la Gobernación de Andrés Julián Rendón aseguró el pasado 13 de septiembre que había destinado más de $473.000 millones de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana a dotación de la Fuerza Pública, estaciones de Policía, escenarios deportivos, tecnología y otras inversiones. La administración reportó 55 camionetas, 178 motocicletas, embarcaciones, sistemas antidrones, chalecos, cascos, radios y otros equipos.

La Tasa de Seguridad fue presentada por Rendón como una herramienta extraordinaria para fortalecer las capacidades del departamento. En 2025 la Gobernación había recaudado más de $103.000 millones y para 2026 mantuvo el cobro obligatorio a sectores residenciales, comerciales, industriales y oficiales. La propia administración ha insistido en que esos recursos tienen destinación específica para seguridad y convivencia. La administración departamental sí debe responder por la efectividad de una política para la cual decidió cobrarles directamente a los ciudadanos.

Lastimosamente esta tasa de seguridad que seguramente muchos antioqueños, están pagando de buena fe, no se está convirtiendo en seguridad real, el miedo sigue enquistado en los territorios, los armados siguen operando y las Fueras Militares y de policía parecen estar perdiendo la batalla a pesar de la gran inversión, situación que demostraría que no sirve invertir en la guerra.