Tras el terremoto se anunciaron y movilizaron cientos de miles de millones de pesos en aportes privados, además de recursos públicos para la emergencia. Casi dos meses después, damnificados y comerciantes siguen denunciando que no han recibido las ayudas prometidas y el gobierno se estaría negando a mostrar las cuentas.
Este jueves, varios medios recogieron testimonios de empresarios de Pereira que aseguran no haber recibido un solo peso de los apoyos anunciados después de la tragedia. No son casos aislados: durante las últimas semanas han aparecido denuncias similares de damnificados que fueron censados, perdieron viviendas o negocios y continúan esperando. La existencia de esos testimonios no demuestra que el dinero haya desaparecido, pero sí obliga a establecer cuánto se recaudó, cuánto se ha entregado efectivamente y quiénes lo han recibido.
Las cifras explican el tamaño de la pregunta. Apenas una semana después del terremoto, se calcularon más de $350.000 millones solamente en aportes monetarios anunciados por grandes empresarios y compañías, sin contar donaciones en especie y otros aportes. Allí figuraban $100.000 millones anunciados por David Vélez, $150.000 millones de la familia Gilinski y $100.000 millones de la familia Santo Domingo, además de otros recursos.
Por su parte, la campaña Empresas Unidas por Colombia, liderada por la ANDI, reportó posteriormente cerca de $218.230 millones movilizados: $18.950 millones recibidos por la Fundación ANDI, $130.680 millones canalizados por empresas aliadas y $68.600 millones en especie. Estas cifras se superponen parcialmente, por lo que no deben sumarse como si fueran bolsas independientes.
Y mientras las cifras se cuentan en cientos de miles de millones, aparecen víctimas diciendo que no han visto la ayuda. En Pereira, Arturo Ceballos Bustamante, de 91 años, perdió su vivienda y el negocio familiar. A finales de septiembre aseguró: “Nos censaron y no más. Hasta ahí. No hemos recibido absolutamente ninguna ayuda”. Su familia permanecía en el terreno intentando proteger lo poco que sobrevivió al terremoto. En Risaralda también se documentaron retrasos institucionales: el gobernador Juan Diego Patiño informó el 14 de septiembre que habían llegado $13.694 millones para subsidios, pero su entrega estaba pendiente de trámites para contratar al operador de pagos; además, unas 3.000 familias de Dosquebradas habían quedado por fuera por problemas con el Registro Único de Damnificados.
El contraste entre recursos anunciados y beneficiarios que siguen esperando es precisamente lo que las autoridades deben aclarar.
¿cuánto dinero entró realmente?, ¿en qué cuentas está?, ¿cuánto se ha comprometido?, ¿cuánto se ha ejecutado?, ¿cuánto llegó directamente a las víctimas y quiénes son los beneficiarios?
Casi dos meses después del terremoto, el problema ya no es cuánto prometieron. El país necesita conocer cuánto entró, cuánto salió y a quién le llegó. Mientras las autoridades y administradores de las distintas bolsas no publiquen una trazabilidad consolidada que permita seguir el dinero desde el donante hasta el beneficiario, testimonios como los conocidos en Pereira seguirán alimentando una sospecha sobre el verdadero destino de la solidaridad.
