El senador acusó al presidente de mantener relaciones comerciales con personas vinculadas al narcotráfico. A los señalamientos sobre compras de tierras y Ron Defensor se suman sus antiguas defensas de paramilitares, Alex Saab y David Murcia Guzmán, quien lo denunció por $5.000 millones y después se retractó.
El senador Iván Cepeda denunció este martes 27 de octubre en el Congreso que el presidente Abelardo de la Espriella mantiene relaciones comerciales con personas vinculadas al narcotráfico. Durante un debate de control político, el congresista presentó señalamientos sobre adquisiciones de tierras, relaciones empresariales y negocios del mandatario con personas del entorno de antiguos jefes paramilitares.
Cepeda sostuvo que De la Espriella adquirió la hacienda Nueva Jerusalén, vendida por una hermana de Hugues Rodríguez Fuentes, alias «Comandante Barbie», y señaló otra compra de un inmueble en Montería a Carlos Arturo Vega, ganadero investigado por lavado de activos y relacionado, según el senador, con predios despojados por estructuras paramilitares en Chocó.
El congresista anunció que llevará los hechos a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
De los negocios del ron a las relaciones con el paramilitarismo
Las preguntas sobre el patrimonio empresarial de De la Espriella ya habían aparecido en una investigación de La Silla Vacía, que identificó participaciones de familiares de alias «Comandante Barbie» en Dominio De la Espriella, sociedad vinculada a la comercialización de Ron Defensor. Pero las controversias alrededor del presidente vienen de mucho antes.
Durante los diálogos de Santa Fe de Ralito, De la Espriella promovió iniciativas favorables al reconocimiento político de los paramilitares y se opuso a su extradición. A través de la fundación Fipaz organizó encuentros en los que participaron exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia.
También ejerció como abogado de dirigentes condenados por parapolítica, entre ellos Eleonora Pineda, Rocío Arias y Dieb Maloof. Su trayectoria incluyó la representación de figuras vinculadas a las AUC y al narcotráfico, como Salvatore Mancuso y Juan Carlos, alias «el Tuso», Sierra.
DMG: una denuncia por $5.000 millones y una retractación después del traslado
Otro episodio que vuelve a cobrar relevancia es el de David Murcia Guzmán, fundador de DMG, condenado por captación ilegal de dinero y lavado de activos. En febrero de 2026, Murcia denunció disciplinariamente a De la Espriella y lo acusó públicamente de quedarse con $5.000 millones que, según su versión, le había entregado como honorarios antes de que abandonara su defensa en 2008.
También aseguró que el abogado le solicitó $760 millones para gestionar apoyos en el Congreso. De la Espriella rechazó las acusaciones, sostuvo que los pagos correspondían a servicios profesionales y presentó una querella por injuria y calumnia.
La historia tuvo un giro en septiembre. Murcia fue trasladado el 30 de agosto desde La Picota, en Bogotá, a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander. El 23 de septiembre firmó una retractación en la que afirmó haber mentido sobre De la Espriella.
El traslado ocurrió bajo el Gobierno del propio De la Espriella y cuando el Ministerio de Justicia estaba dirigido por Iván Cancino, quien había representado al presidente en el proceso relacionado con la denuncia de Murcia. La coincidencia de estos hechos generó cuestionamientos públicos sobre las circunstancias del traslado y la posterior retractación. <Cite refs={[“turn511690search5″,”turn511690search7”]}/>
Alex Saab y otros clientes cuestionados
La trayectoria profesional del mandatario también incluye la defensa de Alex Saab, empresario vinculado al gobierno de Nicolás Maduro y procesado en investigaciones por lavado de activos. De la Espriella sostuvo que dejó de representarlo cuando conoció la dimensión de sus vínculos con el poder venezolano.
En su historial aparecen, además, antiguos congresistas condenados por parapolítica y empresarios procesados por corrupción. De la Espriella ha defendido su ejercicio profesional y ha rechazado que representar judicialmente a esas personas implique participación en sus delitos. La denuncia de Cepeda traslada la discusión de los antiguos clientes del abogado a los negocios y bienes del actual jefe de Estado.
Ahora las preguntas son sobre las operaciones inmobiliarias señaladas en el Congreso, los inversionistas de sus empresas y el origen de los recursos utilizados en esas transacciones. Cepeda anunció que acudirá a las autoridades para que investiguen. Mientras tanto, corresponde al presidente explicar públicamente las relaciones comerciales cuestionadas y responder a los documentos presentados ante el Congreso.
