El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que uno de los primeros actos de su gobierno será derogar las Entidades Territoriales Indígenas (ETI) creadas durante la administración de Gustavo Petro. Según información conocida esta semana, el anuncio oficial se realizaría el 8 de agosto en la Alta Guajira, un territorio simbólico por haber sido uno de los primeros donde se implementó esta figura.
La decisión ha generado un fuerte debate político y jurídico, ya que las ETI fueron reglamentadas mediante el Decreto 482 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional con el argumento de desarrollar un mandato previsto desde la Constitución de 1991, mientras el Congreso continúa sin expedir la ley orgánica que regule plenamente estas entidades territoriales.
¿Qué son las ETI?
Las Entidades Territoriales Indígenas son una figura contemplada en la Constitución colombiana que busca reconocer la autonomía de los pueblos indígenas sobre sus territorios. A través de ellas, las comunidades pueden ejercer formas de gobierno propio, administrar recursos públicos y asumir competencias en áreas como salud, educación, ordenamiento territorial y desarrollo de acuerdo con sus usos y costumbres.
El Gobierno Petro sostuvo que el Decreto 482 llenaba un vacío legislativo existente desde hace más de tres décadas, pues el Congreso nunca reglamentó completamente las ETI, pese a que la propia Corte Constitucional ha señalado esa omisión legislativa en distintas sentencias.
¿Por qué De la Espriella quiere eliminarlas?
Desde el equipo del presidente electo se argumenta que el Ejecutivo habría excedido sus competencias al crear estas entidades mediante decreto y no mediante una ley expedida por el Congreso. También sostienen que el modelo debe ser revisado porque implica la asignación de recursos y competencias administrativas que, a su juicio, requieren una regulación legislativa previa.
Un tema que divide opiniones
Mientras sectores cercanos al nuevo gobierno consideran que las ETI representan una extralimitación del Ejecutivo, organizaciones indígenas y diversos sectores políticos defienden que constituyen un avance en el reconocimiento de los derechos territoriales y de la autonomía de los pueblos indígenas, derechos que tienen respaldo constitucional y en instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT.
La decisión de anunciar la derogatoria desde la Alta Guajira también ha sido interpretada como un gesto político, debido a que ese territorio fue uno de los casos emblemáticos de implementación de las ETI durante el gobierno saliente.
De concretarse la derogatoria, es previsible que el tema termine siendo objeto de controversias judiciales y constitucionales, debido al alcance de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y a las discusiones sobre las facultades del Ejecutivo para reglamentar esta materia.
