El Gobierno anunció su propio Estatuto del Trabajo después de tumbar 11 lineamientos de la era Petro. Pero desde julio ya existe un proyecto para desarrollar el derecho al trabajo digno, firmado por decenas de congresistas, entre ellos Alejandro Toro.
Pero hay un detalle que el Gobierno no puede pasar por alto: un Estatuto del Trabajo ya está radicado en el Congreso. Se trata del Proyecto de Ley Estatutaria 030 de 2026 Cámara, presentado el 21 de julio y publicado en la Gaceta 885 del cuál es coautor el Representante a la Cámara por el departamento de Antioquia Alejandro Toro.
La iniciativa desarrolla el artículo 53 de la Constitución y establece desde su primer artículo que su propósito es garantizar el “trabajo digno, decente y seguro”, así como proteger los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y sus organizaciones.
El articulado no se limita al trabajador tradicional: contempla plataformas digitales, trabajo doméstico, rural, agrícola, independiente, migrante y otras modalidades, además de reconocer la primacía de la realidad cuando detrás de otra forma contractual exista materialmente una relación laboral. Es decir, buena parte de las nuevas realidades laborales que el Gobierno dice querer abordar ya forman parte del Estatuto que está en trámite.
Ya hay un proceso de desmonte de las garantías laborales de la Reforma del Gobierno Petro
La Resolución 2708 muestra además dónde está una parte de la disputa. Las circulares retiradas daban orientaciones en materias como libertad sindical y negociación colectiva, inspección sobre plataformas digitales, trabajo doméstico, jornada y obligaciones económicas laborales. Los trabajadores, sin embargo, pierden instrumentos administrativos concretos que orientaban cómo inspeccionar y hacer cumplir algunas de esas garantías.
Por ahora, la reforma laboral conquistada durante el gobierno Petro continúa vigente y Abelardo de la Espriella no puede borrarla simplemente con una resolución. La pelea estará en el Congreso: allí ya existe un Estatuto construido alrededor de la protección del trabajador y ahora el Gobierno pretende poner sobre la mesa el suyo.
