Una tutela logró detener provisionalmente el plan con el que el Gobierno pretendía asperjar hasta 1.000 hectáreas con glufosinato de amonio. Por ahora, las comunidades del Putumayo evitaron que sus territorios sean sometidos al experimento promovido por Espriella. El Juzgado Tercero Promiscuo del Circuito de Puerto Asís ordenó este 11 de septiembre suspender temporalmente cualquier aspersión aérea.
La tutela fue presentada por Jhonatan Enrique Meneses Valencia, representante de la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social, contra la Presidencia y varias entidades nacionales. La organización advirtió sobre los posibles riesgos para fuentes hídricas, ecosistemas amazónicos, cultivos lícitos y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. El Gobierno pretendía utilizar el Putumayo para probar durante siete días la aspersión aérea sobre un máximo de 1.000 hectáreas de cultivos de uso ilícito.
El juzgado advirtió que todavía no contaba con los estudios, anexos técnicos, evaluaciones ambientales y documentos cartográficos que sustentan la Resolución 0007 del Consejo Nacional de Estupefacientes. Tampoco estaba suficientemente claro ante el despacho cuáles serían los polígonos intervenidos, las comunidades potencialmente afectadas y el alcance territorial de la operación.
Tampoco estaba suficientemente claro ante el despacho cuáles serían los polígonos intervenidos, las comunidades potencialmente afectadas y el alcance territorial de la operación.
Y hay una precisión importante: aunque el debate colombiano sigue marcado por décadas de fumigaciones con glifosato, el químico que Espriella pretendía lanzar ahora desde el aire era glufosinato de amonio. Este producto tiene una clasificación de mayor peligrosidad que el glifosato y puede representar riesgos para personas, peces, abejas y cultivos. La medida formaba parte del regreso de una política de erradicación aérea que el nuevo Gobierno ha defendido como pieza de su estrategia antidrogas.
No se puede improvisar con un producto que puede envenenar el agua
La decisión es especialmente significativa para un territorio que durante décadas ha cargado con buena parte de los costos humanos, ambientales y sociales de la guerra contra las drogas. Esta vez fueron organizaciones nacidas en el propio Putumayo las que acudieron a la justicia para exigir que la lucha contra los cultivos ilícitos no pase por encima de la salud, el agua, la biodiversidad ni de quienes viven en el territorio. El juez no declaró todavía que el plan sea inconstitucional ni que el químico haya causado daños: adoptó una medida preventiva mientras reúne las pruebas y decide la tutela de fondo.
La suspensión seguirá vigente hasta que el juzgado recaude la información requerida y adopte una decisión definitiva; por eso la batalla jurídica continúa. Mientras tanto, hasta nueva orden judicial, el glufosinato no caerá desde aviones sobre las tierras, aguas, cultivos y comunidades del Putumayo.
