Los desalojos realizados en Medellín continúan generando preocupación entre comunidades y organizaciones sociales, que desde hace varios meses vienen denunciando presuntas vulneraciones a los derechos de las familias afectadas. Entre los principales cuestionamientos se encuentran la falta de garantías en el debido proceso, el uso desproporcionado de la fuerza durante algunos operativos y la ausencia de alternativas de reubicación para quienes pierden sus viviendas.
En distintos sectores de la ciudad, habitantes han manifestado que las intervenciones se habrían llevado a cabo sin procesos de concertación suficientes, censos completos o caracterizaciones sociales que permitan identificar las condiciones de vulnerabilidad de las familias. Organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que estas actuaciones pueden terminar profundizando la exclusión social y dejando a cientos de personas en condiciones aún más precarias.
Uno de los casos más recientes ocurrió en una zona de alto riesgo de Medellín, donde familias denunciaron que el operativo de desalojo se desarrolló con un amplio despliegue policial y sin que existieran soluciones habitacionales definitivas para todos los afectados. Situaciones similares también han sido reportadas en barrios como Manrique y Villatina, donde residentes expresaron que, si bien reconocen la necesidad de atender riesgos o recuperar determinados espacios, ello no puede hacerse desconociendo derechos fundamentales.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que los desalojos, especialmente cuando involucran población vulnerable, deben cumplir con principios como el debido proceso, la proporcionalidad, la dignidad humana y la adopción de medidas para evitar que las familias queden en situación de desamparo. Diversas organizaciones consideran que estos estándares no siempre se estarían garantizando en la ciudad.
En medio de este panorama, el abogado Alejandro Matta se sumó a las críticas y afirmó que la administración distrital estaría consolidando un patrón de uso de la actividad de policía de manera “violenta e inconstitucional”, al advertir que realizar demoliciones o desalojos sin caracterización, debido proceso y medidas reales de reubicación constituye una actuación contraria a la Constitución y a la dignidad humana.
Mientras la Alcaldía de Medellín sostiene que estos operativos responden a la recuperación del espacio público o a la protección de personas ubicadas en zonas de riesgo, comunidades y organizaciones sociales insisten en que ninguna intervención estatal puede realizarse desconociendo los derechos fundamentales de quienes resultan afectados. El debate, aseguran, no es únicamente sobre el uso del territorio, sino sobre la obligación del Estado de garantizar que nadie sea desalojado sin las debidas garantías constitucionales.
