1. Derechos laborales: la discusión sobre el trabajo por horas
Uno de los primeros debates tras la elección fue la posibilidad de impulsar esquemas de contratación por horas. Aunque el presidente electo negó que vaya a reglamentar esa modalidad, la controversia surgió por declaraciones de integrantes de su equipo y abrió un amplio debate entre sindicatos y expertos laborales.
Para organizaciones sindicales, este tipo de contratación puede aumentar la precarización laboral si no viene acompañada de garantías como seguridad social, estabilidad y prestaciones completas. Recuerdan que Colombia aún enfrenta altos niveles de informalidad y que flexibilizar aún más el empleo podría afectar especialmente a jóvenes y mujeres.
⸻
2. Derechos sexuales y reproductivos
Abelardo de la Espriella ha manifestado públicamente su oposición al aborto y durante la campaña expresó posiciones conservadoras frente a este derecho. Sin embargo, la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 fue despenalizada por la Corte Constitucional, por lo que cualquier modificación enfrentaría límites constitucionales.
Organizaciones feministas y el Centro de Derechos Reproductivos han pedido al próximo gobierno respetar las decisiones judiciales y garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva, independientemente de las posiciones personales de los gobernantes.
⸻
3. Derechos de la población LGBTIQ+
Durante su carrera política, Abelardo de la Espriella ha defendido el modelo de “familia tradicional” y ha expresado desacuerdo con figuras como la adopción homoparental. Estas posiciones han generado preocupación entre colectivos LGBTIQ+, que temen un debilitamiento de las políticas públicas de inclusión y no discriminación.
Aunque derechos como el matrimonio igualitario y la adopción por parejas del mismo sexo cuentan con respaldo de la Corte Constitucional, las organizaciones advierten que un gobierno puede influir en la implementación de políticas públicas, programas educativos y acciones institucionales dirigidas a esta población.
⸻
4. Derecho a la protesta y garantías ciudadanas
El presidente electo ha propuesto el regreso del ESMAD, la creación de bloques de seguridad urbana y medidas de seguridad más estrictas. Estas propuestas han sido cuestionadas por sectores de derechos humanos, que advierten sobre el riesgo de afectar el derecho a la protesta pacífica y de incrementar el uso de la fuerza en manifestaciones sociales.
Las organizaciones recuerdan que, tras el estallido social de 2021, Colombia adoptó recomendaciones para fortalecer los controles sobre el uso de la fuerza y proteger a quienes ejercen el derecho constitucional a manifestarse.
⸻
5. Derechos ambientales
El nuevo gobierno ya anunció que buscará revertir parte de la política energética del gobierno Petro y reactivar el fracking bajo nuevas condiciones regulatorias.
Para organizaciones ambientales, esto representa un posible retroceso frente a la transición energética y podría aumentar los conflictos socioambientales en territorios donde las comunidades han rechazado este tipo de proyectos. Por su parte, el gobierno electo sostiene que estas medidas buscan fortalecer la soberanía energética y la seguridad del suministro.
⸻
¿Se pueden eliminar estos derechos?
No de manera automática.
Muchos de los derechos mencionados están protegidos por la Constitución de 1991 o por decisiones de la Corte Constitucional. Eso significa que el presidente no puede eliminarlos mediante un decreto o una decisión unilateral. Sin embargo, sí puede impulsar reformas legales, cambiar prioridades de política pública, presentar proyectos al Congreso o modificar la forma en que el Estado implementa determinadas políticas, siempre dentro de los límites constitucionales.
El debate que comienza con el nuevo gobierno no gira únicamente alrededor de nombres o ministerios, sino de la orientación que tomarán las políticas públicas en temas sensibles como el trabajo, la igualdad, los derechos sexuales y reproductivos, la protesta social y la protección del medio ambiente.
Mientras el gobierno electo sostiene que busca recuperar valores tradicionales, fortalecer la seguridad y reactivar la economía, organizaciones sociales insisten en que estarán vigilantes para que esos cambios no impliquen un retroceso en garantías que consideran fruto de décadas de movilización social, decisiones judiciales y desarrollo constitucional.
