El presidente Gustavo Petro volverá a librar una de las batallas ambientales más importantes de su gobierno. El próximo 20 de julio, el Ejecutivo radicará ante el Congreso un proyecto de ley que busca prohibir de manera definitiva el fracking en Colombia, reafirmando su compromiso con la protección del agua, los ecosistemas y la transición hacia un modelo energético más sostenible.
La iniciativa será presentada por los ministerios de Minas y Energía y de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el respaldo de la bancada del Pacto Histórico. Según explicó el ministro Edwin Palma Egea, el proyecto estará sustentado en evidencia científica, estudios técnicos y experiencias internacionales que advierten sobre los riesgos que esta técnica representa para las fuentes hídricas, los suelos y las comunidades.
Desde que llegó a la Presidencia, Petro ha insistido en que el desarrollo del país no puede seguir dependiendo de actividades extractivas que comprometan el patrimonio ambiental de las futuras generaciones. Su gobierno ha defendido que la verdadera riqueza de Colombia está en su biodiversidad y que el crecimiento económico debe ir de la mano con la protección de la naturaleza.
El fracking, utilizado para extraer petróleo y gas mediante la fracturación hidráulica de las rocas, ha sido objeto de fuertes cuestionamientos en distintos países por los posibles impactos sobre los acuíferos, el aumento del riesgo sísmico, las emisiones de metano y la afectación de ecosistemas estratégicos. Mientras algunos sectores lo consideran una alternativa para aumentar las reservas de hidrocarburos, organizaciones ambientales, científicos y comunidades han pedido su prohibición definitiva.
Con esta nueva iniciativa, el Gobierno busca que sea el Congreso el que tome una decisión de fondo sobre el futuro energético del país. De ser aprobado, Colombia daría un paso histórico hacia un modelo que priorice las energías limpias y reduzca la dependencia de los combustibles fósiles, consolidando una de las principales banderas ambientales del presidente Gustavo Petro.
La radicación del proyecto marcará uno de los debates legislativos más relevantes del segundo semestre del año y pondrá nuevamente sobre la mesa la discusión entre quienes defienden la expansión de la industria petrolera y quienes consideran que proteger el agua, la biodiversidad y la vida debe ser una prioridad nacional.
