La deuda financiera cerró 2025 en $2,40 billones y el presupuesto de 2026 destina $885.645 millones al servicio de la deuda. A esto se suman la Tasa de Seguridad y más de un billón de pesos en vigencias futuras aprobadas para proyectos que, en buena parte, todavía deben ejecutarse.
La deuda.
Andrés Julián Rendón recibió en 2024 un departamento cuyo saldo de deuda financiera había cerrado 2023 en $2,257 billones. Para diciembre de 2025, los estados financieros departamentales registraban $2,402 billones, unos $144.000 millones más. El dato oficial disponible para enero de 2026 ubicó la deuda financiera en $2,393 billones.
La presión sobre las cuentas continúa este año. El presupuesto departamental de 2026 reservó $885.645 millones para servicio de la deuda pública, alrededor del 12 % del presupuesto del nivel central. Es plata destinada a atender obligaciones financieras en lugar de quedar enteramente disponible para nuevas inversiones.
Más impuestos.
Mientras Antioquia mantiene esa carga financiera, Rendón impuso la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia, un cobro adicional que continúa vigente en 2026. Solo durante 2025 había recaudado alrededor de $115.000 millones de 316.000 contribuyentes. La Asamblea incluso aprobó para 2026 un descuento por pronto pago, confirmando la continuidad del tributo.
La dimensión del esfuerzo es mayor: en 2025 Antioquia recaudó $2,38 billones en ingresos tributarios, según el informe de gestión departamental. Y en septiembre de 2026 la propia Gobernación informó que ya había destinado más de $473.000 millones con cargo a los recursos de la Tasa de Seguridad.
Presupuestos futuros comprometidos.
A la deuda y los impuestos se suma otra cuenta: las vigencias futuras. En 2025 la administración Rendón consiguió autorización para comprometer más de $800.000 millones para intervenciones viales y $207.000 millones para escenarios deportivos. Solo esos dos paquetes superan $1 billón de recursos comprometidos hacia adelante.
Y el mecanismo no terminó allí. En enero de 2026 la Asamblea volvió a autorizar al gobernador para comprometer vigencias futuras excepcionales. No son jurídicamente deuda bancaria y no deben sumarse al saldo de $2,39 billones como si fueran lo mismo, pero sí comprometen anticipadamente presupuestos que Antioquia tendrá que ejecutar en años posteriores.
¿Y las grandes obras terminadas? El contraste está en que parte de los proyectos financiados con esos recursos todavía no puede contabilizarse como obra terminada. Incluso la propia información departamental sobre las vigencias futuras habla de intervenciones que se realizarán, no de infraestructura ya entregada. Por eso, más que contar anuncios, el balance de Rendón tendrá que hacerse sobre las obras efectivamente terminadas y puestas al servicio de los antioqueños.
La seguridad sigue en decadencia en Antioquia
El caso de la seguridad resulta especialmente sensible porque fue precisamente la justificación para crear un nuevo cobro. Para 2025, el informe de gestión de la Gobernación registró una tasa de homicidios proyectada de 28,2 por cada 100.000 habitantes frente a una meta anual de 25, y una percepción de seguridad de 75 % frente a la meta final de 85 %. En abril de 2026, pese a los recursos movilizados por la tasa, apenas se reportaba la primera estación de Policía renovada con ese dinero, mientras otras 24 estaban priorizadas.
Así aparece el costo acumulado de la administración Rendón: una deuda financiera cercana a $2,4 billones, casi $886.000 millones presupuestados este año para atender deuda, un nuevo impuesto para seguridad y más de un billón en vigencias futuras solo en dos paquetes aprobados en 2025. Son cifras distintas y no deben sumarse entre sí, pero todas comprometen recursos públicos. El interrogante que queda para el cierre de su mandato es cuánto de ese esfuerzo terminará convertido en obras terminadas y resultados verificables.
