Durante años, la cifra oficial documentada por la JEP fue de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales ocurridas principalmente entre 2002 y 2008. Sin embargo, revisiones posteriores han abierto el debate sobre si el número real podría ser aún mayor.
Estos casos, cometidos por miembros de la fuerza pública, consistían en presentar civiles asesinados como “bajas en combate”, en medio de una política de presión por resultados militares que hoy sigue bajo cuestionamiento.
La insistencia de la JEP no es menor: busca establecer responsabilidades no solo operativas, sino también de cadena de mando, es decir, hasta qué nivel del poder político y militar se conocía o permitió esta práctica.
¿Por qué Uribe y Santos?
El llamado a Álvaro Uribe Vélez se da por haber sido presidente durante el periodo en el que se concentró el mayor número de casos. Su política de “seguridad democrática” es señalada por algunos sectores como el contexto en el que se incentivaron resultados militares medidos en bajas.
Por su parte, Juan Manuel Santos fue ministro de Defensa en parte de ese periodo, y luego presidente durante el proceso de paz que dio origen a la JEP. Su eventual comparecencia podría aportar claridad sobre decisiones institucionales y conocimiento interno de lo ocurrido.
No es una citación obligatoria, pero sí una presión política y moral
Es clave entender que la JEP no ha emitido una orden judicial obligatoria contra los expresidentes. Se trata de una invitación o exhorto a contribuir con la verdad.
Sin embargo, el peso simbólico y político de este llamado es enorme: pone sobre la mesa una pregunta incómoda para el poder tradicional en Colombia
¿quién responde por miles de jóvenes asesinados y presentados como enemigos?
Verdad, justicia y disputa política
Este nuevo movimiento de la JEP ocurre en un contexto donde la memoria histórica sigue siendo un campo de disputa. Mientras sectores defienden los logros en seguridad de esos años, otros exigen que se reconozcan plenamente las violaciones a los derechos humanos.
El país, una vez más, queda frente a una tensión profunda:
entre la narrativa de la guerra y la exigencia de verdad de las víctimas.
El punto de fondo: el país no ha cerrado este capítulo
Más allá de nombres propios, lo que está en juego es si Colombia está dispuesta a conocer toda la verdad sobre uno de los episodios más graves de su historia reciente.
La pregunta sigue abierta:
¿habrá verdad completa o este capítulo seguirá marcado por silencios y versiones a medias?
