Mientras 466.345 personas resultaron afectadas y más de 238.000 viviendas quedaron destruidas o averiadas, el Fondo Milagro todavía no ha comenzado a ejecutar recursos. A la demora se suma una discusión de fondo: quién tomará las decisiones sobre una reconstrucción que podría movilizar alrededor de $30 billones.
El desastre alcanzó 497 municipios de 16 departamentos. Con corte al 10 de septiembre, la UNGRD reportaba 36.327 viviendas destruidas y 201.939 averiadas, además de 759 edificios colapsados, 4.316 centros educativos y 397 centros de salud afectados. El Fondo Milagro fue creado formalmente el 9 de septiembre mediante el Decreto 1379 de 2026 para financiar la atención y reconstrucción.
El Gobierno incorporó posteriormente $624.656 millones al Presupuesto General para atender la emergencia, provenientes de un crédito contingente de US$200 millones con el Banco Mundial. Según la respuesta entregada por Hacienda el 30 de septiembre, hasta ese momento no se había transferido un solo peso al patrimonio autónomo.
Un solo oferente se ganó el milagro y cobrará 248 millones mensuales del dinero donado
La elección de Fiducoldex abre otro interrogante. Hacienda podía contratar directamente una fiduciaria pública gracias al Decreto 1379 y finalmente recibió una sola oferta, la de Fiducoldex, que cobrará 142 salarios mínimos mensuales, unos $248,6 millones antes de IVA. Hacienda descartó a Fiduprevisora argumentando que ya administra numerosos negocios públicos de gran volumen —entre ellos el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres— y que esa carga limitaba su capacidad operativa para asumir el nuevo encargo.
El diseño del Fondo entrega un peso determinante al Ejecutivo: según los documentos divulgados, cinco de los siete votos del Consejo Directivo corresponden a representantes de Presidencia, mientras el gerente designado por el presidente tiene funciones relacionadas con planes de intervención, instrucciones de contratación, presupuesto operativo y supervisión de proyectos.
Cinco de los siete votos del Consejo Directivo corresponden a representantes de Presidencia
Además, la propia matriz de riesgos del proyecto identifica como un riesgo alto la demora en aprobar los manuales Operativo y de Contratación. Según los documentos conocidos, sin esas reglas no puede avanzar la contratación derivada ni efectuarse los pagos correspondientes, por lo que la firma de la fiducia no significa que la reconstrucción ya esté funcionando plenamente.
La discusión, por tanto, no consiste en afirmar que los recursos hayan desaparecido o sido apropiados: no existe evidencia para sostener eso. Las preguntas son de transparencia y control público: ¿por qué un mecanismo destinado a administrar la reconstrucción terminó con una sola oferta fiduciaria?, ¿por qué Presidencia concentra la mayoría de los votos?, ¿qué participación tendrán las regiones afectadas y cómo se garantizará que cada peso pueda seguirse desde su origen hasta la obra o víctima beneficiaria? Con 466.345 damnificados, esas respuestas no deberían esperar.
