Registros sanitarios, estudios académicos y decisiones de la Corte Constitucional documentan denuncias y atenciones médicas asociadas temporalmente a las antiguas aspersiones. En Antioquia, Segovia y Tarazá concentran algunos de los antecedentes más relevantes.
Las fumigaciones aéreas con glifosato dejaron un amplio registro de posibles afectaciones a la salud en Colombia. En Putumayo, 4.883 de 5.929 personas incluidas en formularios de quejas reportaron síntomas atribuidos a las fumigaciones: 964 presentaron problemas respiratorios, 876 gastrointestinales, 524 dérmicos, 516 fiebre y 179 malestar general, entre otras manifestaciones.
En el Hospital Sagrado Corazón de La Hormiga se observó además un incremento estadísticamente significativo de consultas por fiebre, diarrea, dolor abdominal, infección respiratoria aguda e infecciones de piel. Estas cifras corresponden a síntomas reportados y asociaciones temporales, no a 4.883 intoxicaciones cuya causalidad individual haya sido demostrada. Colectivo de Abogados
El registro oficial fue mucho menor. La Corte Constitucional, en la sentencia T-236 de 2017, encontró que entre 2003 y 2015 el mecanismo del Plan de Manejo Ambiental tramitó apenas 99 quejas de salud relacionadas con las aspersiones. En 61 se descartó una relación causal y en 17 la información disponible no permitió establecerla. La Corte advirtió, sin embargo, que numerosos procedimientos fueron cerrados por falta de información y consideró que el conjunto de quejas constituía un indicio que justificaba investigar el riesgo. Para 2016, además, el Estado registraba 259 procesos judiciales activos por perjuicios atribuidos a fumigaciones con glifosato; siete incluían reclamaciones por daños a la salud. Corte Constitucional
Antioquia: Segovia tiene siete casos relacionados oficialmente con la aspersión
Antioquia aparece directamente en esos registros. Durante el segundo semestre de 2012 se notificaron nacionalmente 139 intoxicaciones por glifosato, pero siete fueron identificadas por las autoridades como relacionadas con actividades de aspersión de cultivos ilícitos: correspondían a siete integrantes de una misma familia afectados después de una operación realizada el 25 de noviembre en Segovia. Corte Constitucional
El caso de Segovia es especialmente importante porque supera el nivel de una denuncia comunitaria: está incorporado en los informes sanitarios oficiales examinados por la Corte Constitucional. En el primer semestre de ese mismo 2012 habían sido notificadas 167 intoxicaciones por glifosato en Colombia y cinco situaciones de salud presuntamente relacionadas con la aspersión; para dos se descartó causalidad y tres quedaron pendientes. Corte Constitucional
Tarazá: denuncias de lesiones de piel y pérdidas de embarazos
Tarazá presenta un registro diferente y potencialmente más amplio, aunque con menor certeza causal. En 2016, la entonces alcaldesa Gladis Rebeca Miguel, bacterióloga y con experiencia en el sector salud, denunció que durante los años de fumigaciones había observado la llegada de personas con afecciones de piel y mujeres embarazadas que perdieron sus embarazos. El municipio había sido asperjado históricamente y comunidades del Bajo Cauca protagonizaron movilizaciones contra estas operaciones.
Una publicación posterior sobre salud reproductiva recogió testimonios de seis mujeres de Tarazá que dijeron haber sufrido abortos involuntarios entre 2000 y 2014 después de fumigaciones aéreas con glifosato. Esos testimonios constituyen denuncias de exposición y desenlaces posteriores, pero no permiten establecer individualmente que el herbicida haya causado cada pérdida gestacional.
Tarazá ofrece ahora una posibilidad adicional de verificación: la Alcaldía mantiene una sección pública de boletines epidemiológicos, mientras su Secretaría de Salud conserva competencias sobre vigilancia territorial. Para reconstruir el impacto histórico todavía sería necesario obtener las bases de la ESE y de Sivigila correspondientes a los años de mayor aspersión y compararlas con las fechas exactas de las operaciones. Alcaldía de Tarazá
La evidencia científica encontró efectos más allá de las denuncias
Las historias territoriales no son la única evidencia disponible. Un estudio publicado en el Journal of Health Economics cruzó más de 76 millones de observaciones de consultas médicas individuales con los registros diarios de kilómetros cuadrados asperjados por la Policía Antinarcóticos entre 2003 y 2007. Su estrategia econométrica encontró efectos adversos de la exposición a las campañas de aspersión sobre determinados resultados de salud, entre ellos consultas dermatológicas y respiratorias y abortos espontáneos. Se trata de evidencia poblacional, no de un conteo de 76 millones de afectados. ScienceDirect
Estudios clínicos de intoxicación aguda han documentado efectos gastrointestinales, neurológicos, cardiovasculares y respiratorios, y una comparación de pacientes intoxicados encontró mayor incidencia de lesión renal aguda con glufosinato que con glifosato, aunque no encontró diferencias generales en las características de esa lesión.
La Corte Constitucional tomó en cuenta una literatura científica más amplia al aplicar el principio de precaución en la sentencia T-236 de 2017. Señaló que la evidencia disponible no ofrecía un panorama completo del riesgo, pero encontró suficientes elementos para exigir protección: estudios con resultados diversos, quejas de comunidades, riesgos asociados al coadyuvante utilizado en la mezcla y dudas sobre el cumplimiento práctico de los parámetros de operación. La Corte tampoco convirtió esa evidencia en una afirmación de que toda enfermedad registrada después de una fumigación hubiera sido causada por glifosato. Corte Constitucional
Del glifosato al glufosinato: no son el mismo herbicida pero tienen efectos nocivos en la salud humana
La discusión actual agrega una diferencia fundamental: glifosato y glufosinato de amonio son sustancias distintas y la experiencia sanitaria acumulada con una no puede trasladarse automáticamente a la otra. Tampoco sería riguroso afirmar simplemente que el glufosinato es universalmente “más dañino”: la toxicidad depende de dosis, vía y duración de la exposición y del efecto evaluado. Sí existen señales particularmente preocupantes.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria señala que el glufosinato y su sal de amonio tienen clasificación armonizada europea como tóxicos para la reproducción, categoría 1B; su aprobación como sustancia activa en la Unión Europea expiró en 2018. Estudios clínicos de intoxicación aguda han documentado efectos gastrointestinales, neurológicos, cardiovasculares y respiratorios, y una comparación de pacientes intoxicados encontró mayor incidencia de lesión renal aguda con glufosinato que con glifosato, aunque no encontró diferencias generales en las características de esa lesión. European Food Safety Authority
En Colombia también existen antecedentes técnicos. Una investigación experimental de la Universidad del Cauca sobre un herbicida formulado con glufosinato encontró efectos citotóxicos y genotóxicos en ratones; y un análisis publicado en 2026 por Indepaz advierte sobre sus riesgos ecotoxicológicos y reclama aplicar el principio de precaución. Estos trabajos no demuestran por sí solos cuál sería el efecto sanitario de una aspersión concreta sobre poblaciones humanas, pero muestran que sustituir glifosato por glufosinato no elimina la necesidad de una evaluación específica de riesgo. Repositorio Unicauca
La diferencia jurídica también importa. La T-236 de 2017 fue construida alrededor del glifosato y del programa entonces evaluado; sus conclusiones toxicológicas no pueden copiarse automáticamente al glufosinato. Pero el principio de precaución desarrollado allí exige que, ante riesgos plausibles para la salud y el ambiente e incertidumbre científica relevante, las decisiones públicas estén sustentadas en evidencia y mecanismos efectivos de prevención y seguimiento.
