La guerra desatada por De la Espriella golpea directamente el turismo, el transporte y el comercio: Fedetranscarga estima afectaciones por $39.000 millones en Santa Marta y hoteleros reportan ocupaciones de apenas 15 % en algunos corredores turísticos.
Esta guerra ya está teniendo consecuencias económicas para Santa Marta. Después del operativo de la Fuerza Pública en el que murieron siete integrantes de esa organización, incluido alias Cholo, las ACSN respondieron con amenazas y restricciones armadas que paralizaron sectores de la ciudad; el Gobierno, por su parte, reforzó el despliegue militar.
El golpe más inmediato está en la economía. Fedetranscarga estima en cerca de $39.000 millones el dinero que dejó de percibirse en Santa Marta durante la primera jornada de parálisis, con vehículos de carga detenidos y mercancías represadas. El gremio advirtió que miles de empleos vinculados al transporte, comercio y turismo están expuestos a las consecuencias de la crisis.
El turismo también sintió el impacto. Cotelco Magdalena reportó cancelaciones y aplazamientos de reservas y señaló que algunos hoteles del corredor entre Neguanje y Palomino registran ocupaciones inferiores al 15 %. También se han presentado afectaciones en las reservas de El Rodadero, Bello Horizonte, Pozos Colorados, Don Jaca, Taganga y el Centro Histórico.
La situación muestra el costo civil de una confrontación que no termina en los operativos militares: cuando los grupos armados conservan capacidad para intimidar, cerrar carreteras y paralizar actividades económicas, son los trabajadores, comerciantes, transportadores y familias que viven del turismo quienes terminan pagando la factura. El reto del Gobierno es que su estrategia contra estas estructuras se traduzca también en protección efectiva de la población y control sostenido del territorio.
La militarización no es sinónimo de seguridad y un presidente serio debería saberlo
La militarización puede contener temporalmente la violencia, pero no equivale por sí sola a recuperar el control territorial. Hoy hay más de mil policías y militares desplegados en Santa Marta, mientras análisis sobre las ACSN señalan que la estructura conserva mandos y control en zonas de la Sierra Nevada.
El problema aparece cuando el despliegue extraordinario disminuye: si el Estado no deja presencia institucional permanente, inteligencia, justicia y protección para las comunidades, quienes abrieron sus negocios, circularon o se negaron a obedecer las amenazas pueden quedar expuestos a represalias. Por eso, la seguridad no puede medirse solamente por cuántos uniformados llegan durante una crisis, sino por la capacidad del Estado para evitar que los armados sigan imponiendo reglas incluso cuando no están físicamente en las calles.
