El Gobierno Nacional anunció una inversión histórica superior a los $25.000 millones para garantizar la alimentación escolar universal en el departamento del Guaviare, una medida que busca asegurar que miles de niños, niñas y jóvenes puedan acceder diariamente a una alimentación digna mientras permanecen en las aulas.
La iniciativa hace parte del fortalecimiento del Programa de Alimentación Escolar (PAE), una de las apuestas del gobierno del presidente Gustavo Petro para combatir el hambre, reducir la deserción escolar y cerrar brechas sociales en los territorios históricamente olvidados del país.
Según lo informado, la cobertura universal permitirá que estudiantes de instituciones educativas urbanas y rurales del departamento reciban alimentación garantizada durante el calendario académico, incluyendo zonas apartadas donde muchas familias enfrentan dificultades económicas y problemas de acceso a alimentos.
La inversión, considerada una de las más altas destinadas al sector educativo en la región, impactará directamente a miles de estudiantes de municipios como San José del Guaviare y otras zonas del departamento, fortaleciendo no solo la permanencia escolar, sino también las condiciones nutricionales de la infancia y adolescencia.
El Gobierno ha insistido en que el acceso a la alimentación no puede seguir siendo un privilegio, especialmente en territorios afectados históricamente por el conflicto armado, la pobreza y el abandono estatal. Por eso, la apuesta por universalizar el PAE busca convertirse en una herramienta de justicia social y garantía de derechos.
Además del impacto nutricional, expertos señalan que programas de alimentación escolar fortalecidos ayudan a mejorar el rendimiento académico, disminuyen la deserción y alivian la carga económica de miles de hogares que dependen de estos apoyos para garantizar al menos una comida diaria a sus hijos.
Desde sectores cercanos al Gobierno Nacional destacan que esta inversión refleja un cambio de enfoque frente al manejo de los recursos públicos, priorizando derechos básicos como la educación y la alimentación en regiones periféricas del país.
La medida también ha sido presentada como un avance importante en la lucha contra el hambre infantil y la desigualdad territorial, especialmente en departamentos amazónicos y rurales donde históricamente las inversiones estatales han sido insuficientes.
Con esta decisión, el Gobierno busca consolidar una política pública que garantice que ningún estudiante tenga que abandonar el colegio por falta de comida o dificultades económicas.
