El presidente Gustavo Petro confirmó el asesinato del joven periodista Mateo Pérez Rueda y lanzó una contundente declaración frente a los grupos armados que operan en Antioquia: “Con esta banda criminal no existe negociación alguna”.
El pronunciamiento se dio luego de que las autoridades hallaran el cuerpo del comunicador y estudiante universitario en zona rural de Briceño, Antioquia. Según explicó el mandatario, el crimen habría sido cometido por una estructura armada derivada del frente 36 de las disidencias de las FARC, liderada por Jhon Edison Chalá Torrejano, alias “Chalá”, vinculada a economías ilegales como la minería de oro.
Mateo Pérez, director del medio digital El Confidente de Yarumal y estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional, había desaparecido mientras realizaba labores periodísticas en una zona marcada por la presencia de actores armados ilegales. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) advirtió que el joven era una voz crítica frente a dinámicas de corrupción y violencia territorial.
Las declaraciones de Petro generan un fuerte contraste político en medio del debate nacional sobre la política de “Paz Total”. Aunque el Gobierno ha impulsado diálogos con distintos actores armados desde 2022, el presidente dejó claro que esta estructura específica no hace parte de ningún proceso de negociación ni cuenta con reconocimiento político por parte del Ejecutivo.
La afirmación también busca responder a sectores de oposición que han cuestionado duramente la estrategia de negociación con grupos armados ilegales, especialmente tras el recrudecimiento de la violencia en regiones como Antioquia, Cauca y Catatumbo. En varias ocasiones, el Gobierno ha sostenido que algunas disidencias terminaron fragmentándose en bandas dedicadas principalmente a economías criminales y narcotráfico.
El asesinato de Mateo Pérez provocó indignación nacional y reabrió el debate sobre las garantías para ejercer el periodismo en Colombia. De acuerdo con organizaciones defensoras de libertad de prensa, Antioquia continúa siendo uno de los departamentos más peligrosos para líderes sociales y comunicadores comunitarios.
Mientras avanzan las investigaciones, la frase de Petro marca un mensaje político directo: no todas las estructuras armadas tienen hoy la posibilidad de sentarse a dialogar con el Estado, especialmente aquellas señaladas de atacar periodistas, población civil y procesos comunitarios.
