Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en procesos relacionados con Álvaro Uribe y Diego Cadena, fue trasladado por orden del presidente Abelardo de la Espriella a Cómbita, donde ya había sufrido un ataque. El ministro de Justicia, Iván Cancino, fue hasta mayo abogado de Cadena.
La vida y la seguridad de Juan Guillermo Monsalve están nuevamente en riesgo. Por orden directa del presidente Abelardo de la Espriella, el testigo clave en el proceso judicial relacionado con Álvaro Uribe fue trasladado de La Picota a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita. No es una prisión cualquiera para Monsalve: allí ya fue atacado con armas blancas y posteriormente salió del establecimiento por razones relacionadas con su seguridad. Incluso la propia Presidencia reconoce que su permanencia en una casa fiscal de La Picota obedecía al “riesgo señalado sobre su vida” por su condición de testigo.uIRBE
El riesgo tampoco apareció ayer. Monsalve ha denunciado amenazas contra él y su familia desde hace más de una década. Human Rights Watch documentó que una sentencia de la Corte Suprema registró “continuas y reiteradas amenazas” contra el testigo y que desde 2011 su familia había recibido amenazas de muerte para que se retractara. En prisión sufrió ataques y en 2013 Medicina Legal determinó que una sustancia encontrada cerca de su celda era altamente venenosa; Monsalve sostuvo que pretendían envenenarlo, algo cuya autoría no fue establecida. La Corte llegó a ordenar protección para él y otros testigos. Human Rights Watch
Un testigo incómodo y un antecedente que no puede ignorarse
Monsalve no es un preso cualquiera dentro de este expediente. Su testimonio estuvo en el centro del proceso por manipulación de testigos relacionado con el expresidente Álvaro Uribe y también del proceso contra su antiguo abogado Diego Cadena. El Tribunal Superior de Bogotá condenó a Cadena en segunda instancia por soborno en actuación penal y fraude procesal. Su defensa acudió a casación y quien confirmó en mayo de 2026 la presentación de ese recurso fue el abogado Iván Cancino. Caracol Radio
Hoy Cancino es ministro de Justicia y encabeza el sector del que hace parte el INPEC. Esa sucesión de hechos exige respuestas claras. No existe evidencia publicada de que Cancino haya ordenado el traslado —la Presidencia afirma que la orden salió directamente de De la Espriella—, pero hace apenas unos meses defendía judicialmente a Cadena y ahora ocupa la cartera responsable de la política penitenciaria mientras Monsalve, testigo del proceso de su antiguo cliente, termina nuevamente en Cómbita.
Ya asesinaron a un testigo de este entramado judicial
El temor tampoco puede descartarse como una exageración. Carlos Enrique Areiza, exparamilitar que había declarado dentro del universo de investigaciones que involucraban a Uribe y personas de su entorno, fue asesinado por dos sicarios en Bello en abril de 2018. La Corte Suprema había solicitado protección especial tanto para Areiza como para Monsalve. Human Rights Watch advirtió entonces que Colombia debía reforzar la protección de los testigos vinculados a esas investigaciones. La Silla Vacía
Otros testigos también denunciaron amenazas. Deyanira Gómez, expareja de Monsalve y testigo del proceso, salió de Colombia después de recibir intimidaciones. Nada de esto demuestra que Uribe, Cadena, Cancino o el actual Gobierno hayan ordenado esos ataques o amenazas. Sí demuestra que alrededor de estos expedientes existe un historial documentado de testigos amenazados, atacados y, en el caso de Areiza, asesinado.
El Gobierno conocía el riesgo
La decisión resulta todavía más difícil de explicar porque el Gobierno sabía que Monsalve estaba protegido por razones de seguridad. En el comunicado con el que justificó el traslado, la propia Presidencia admite que había llegado a la casa fiscal de La Picota debido al riesgo contra su vida relacionado con sus denuncias en un proceso judicial de alto perfil. Aun así, De la Espriella ordenó personalmente enviarlo a Cómbita argumentando que había violado sistemáticamente el régimen carcelario y que no permitiría privilegios.
El Estado conoce las amenazas. Conoce los ataques. Conoce la importancia judicial de Monsalve. Conoce que otro testigo relacionado con estas investigaciones terminó asesinado. Y conoce, porque así lo admite la propia Presidencia, que las condiciones especiales de reclusión de Monsalve respondían al riesgo sobre su vida.
Si Juan Guillermo Monsalve vuelve a ser atacado, el Gobierno tendrá que explicar por qué decidió enviarlo precisamente al establecimiento donde ya había sufrido una agresión, a pesar de conocer de antemano su historial de amenazas y el riesgo asociado a su condición de testigo.
