A pocas horas de terminar el Gobierno de Gustavo Petro, la protección de la Amazonía colombiana queda como uno de los grandes legados ambientales de esta administración.
El Gobierno Nacional avanzó en la declaratoria de la Amazonía colombiana como Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter definitivo, una medida que busca cerrar la puerta a la expansión de nuevas actividades extractivas en uno de los territorios ambientalmente más estratégicos del planeta.
La Amazonía colombiana comprende aproximadamente 48,3 millones de hectáreas, equivalentes a cerca del 42 % del territorio continental del país. La región alberga enormes reservas de carbono, regula ciclos hídricos y climáticos y es territorio ancestral de numerosos pueblos indígenas.
La decisión tiene una implicación política de fondo: las futuras administraciones no podrán simplemente abrir nuevos frentes de minería o hidrocarburos en esta zona bajo las mismas reglas de antes.
El proyecto de reserva establece como propósito prevenir nuevas actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos que puedan comprometer la integridad del bioma. Esta orientación ya había sido incorporada por Colombia en su política climática nacional, que plantea proteger de manera definitiva la Amazonía y avanzar hacia economías forestales, de biodiversidad y comunitarias.
Una decisión que se construyó durante el Gobierno Petro
La medida no apareció de la noche a la mañana.
Desde 2022, el Gobierno Petro había sostenido una política de no abrir nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en la Amazonía. Una investigación de InfoAmazonia encontró que, desde la llegada de Petro a la Presidencia, no se habían expedido nuevas licencias ambientales para explorar o explotar hidrocarburos en la región, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos confirmó que tampoco se habían asignado nuevas áreas para esas actividades durante ese periodo.
Posteriormente, el Ministerio de Ambiente inició el proceso para convertir esa orientación política en una figura de protección territorial de carácter definitivo.
En junio y julio de 2026 se adelantó la consulta previa con pueblos indígenas y se abrió el proceso de participación de comunidades étnicas para sacar adelante la declaratoria.
¿Qué significa para el futuro?
El alcance de la medida es especialmente importante porque no se limita a declarar que la Amazonía debe ser protegida: busca utilizar una figura jurídica que restrinja la posibilidad de que se otorguen nuevas concesiones mineras o se celebren nuevos contratos de hidrocarburos en el territorio.
Eso significa que una eventual política de expansión extractiva tendría que enfrentarse a un marco de protección ambiental mucho más fuerte.
Y aquí está una de las discusiones que deja planteada la decisión: ¿qué hará el próximo Gobierno frente a una medida que busca convertir la protección de la Amazonía en una política de Estado?
El entonces ministro designado de Ambiente del próximo Gobierno, Fabio Arjona, había cuestionado públicamente la iniciativa y la calificó de “populista”, argumentando que podría favorecer la minería ilegal.
Por eso, más que una simple resolución ambiental, la decisión abre una disputa sobre qué modelo de país se quiere para las próximas décadas: uno que amplíe la frontera extractiva o uno que convierta la biodiversidad, los bosques y el agua en activos estratégicos que deben ser protegidos.
El tamaño de la apuesta
Proteger los 48,3 millones de hectáreas de la Amazonía colombiana significa intervenir sobre un territorio que representa cerca de la mitad del país en términos de extensión.
Además, alrededor del 54 % de esta Amazonía está en territorios indígenas, donde existen cerca de 212 resguardos y se concentra una parte fundamental de los bosques que todavía permanecen en pie.
Por eso, la discusión ambiental también es una discusión sobre pueblos indígenas, soberanía territorial, agua, cambio climático y derechos colectivos.
El Gobierno Petro llegó a su último día dejando una apuesta concreta: que la Amazonía colombiana no sea vista como una frontera disponible para extraer petróleo, minerales y otros recursos, sino como un territorio estratégico cuya conservación tiene valor para Colombia y para el planeta.
