Carlos René Montoya salió de Colpensiones después de una accidentada intervención ante el Senado. Al mismo tiempo, el Gobierno proyecta llevar al Fondo Nacional de Garantías a Fernando Isaza, relacionado en el pasado con arrendamientos de baldíos de la Nación en las Islas del Rosario por cánones muy bajos.
Dos decisiones recientes sobre altos cargos del Gobierno de Abelardo de la Espriella quedaron bajo escrutinio esta semana. Carlos René Montoya dejó la presidencia de Colpensiones apenas dos días después de asumir, luego de que su primera presentación ante la Comisión Séptima del Senado generara cuestionamientos de congresistas por su manejo de las cifras y su conocimiento de la entidad. El propio Montoya reconoció durante la sesión que apenas estaba comenzando y que todavía estaba entendiendo Colpensiones. El funcionario puso su dimisión a disposición del Gobierno.
Isaza estuvo detrás, junto con el empresario Cristian Bellingrodt, de Laguna Encantada S.A.S., sociedad que entre 2015 y 2023 arrendó 61.393 metros cuadrados de un baldío de la Nación donde funciona el hotel San Pedro de Majagua por $9,3 millones mensuales.
El episodio ocurrió mientras se conoce otro nombramiento que genera preguntas. El Dapre publicó el 22 de septiembre la hoja de vida de Fernando Isaza Gutiérrez para dirigir el Fondo Nacional de Garantías (FNG), entidad que respalda el acceso al crédito de hogares y empresas. Isaza fue secretario de Tránsito de Barranquilla durante la administración de Alejandro Char y posteriormente gerente de Transmetro.
Su pasado empresarial incluye una controversia relacionada con terrenos públicos en las Islas del Rosario. Según una investigación de CAMBIO, Isaza estuvo detrás, junto con el empresario Cristian Bellingrodt, de Laguna Encantada S.A.S., sociedad que entre 2015 y 2023 arrendó 61.393 metros cuadrados de un baldío de la Nación donde funciona el hotel San Pedro de Majagua por $9,3 millones mensuales.
En 2016, ambos suscribieron además con el entonces Incoder otro contrato por un terreno de 10.000 metros cuadrados por $900.000 mensuales. En conjunto eran más de 71.000 metros cuadrados por alrededor de $10,2 millones al mes.
Registros de la Agencia Nacional de Tierras relacionaron uno de ellos con actuaciones para recuperar bienes de la Nación y el contrato del hotel estuvo entre los demandados durante la revisión adelantada entre 2022 y 2023. Información periodística sobre el expediente también registra que el asunto había sido remitido años atrás a la Fiscalía para examinar la legalidad de contratos celebrados en 2016.
El nepotismo parece ser la regla en el gobierno De la Espriella
El caso se suma a los cuestionamientos por la llegada al Estado de personas del círculo personal y profesional del presidente. Yoly Beatriz Illidge, exesposa de De la Espriella y cofundadora de su firma, fue postulada para la Superintendencia Delegada de Notariado; Diana Bravo, quien trabajó durante años en De la Espriella Lawyers, fue nombrada presidenta de la SAE. Además, medios han documentado el paso al Gobierno de otros antiguos integrantes del bufete: Rosalín Orozco Becerra, a la Subdirección General de Presidencia; María Fernanda Sandoval, a Comunicaciones; Jensy Osorio, a la Unidad para las Víctimas; Andrés Barreto, a la Secretaría Jurídica de Presidencia; y Julia Eva Pretelt, a la Superintendencia de Sociedades.
En el caso de Osorio, su esposo, Andrés Felipe Velásquez, fue designado director de la DIAN. Esta concentración de antiguos colaboradores y personas con vínculos personales ha generado cuestionamientos públicos sobre posibles prácticas de nepotismo y “puerta giratoria”, aunque cada nombramiento debe analizarse individualmente y el vínculo personal o laboral, por sí solo, no demuestra una irregularidad jurídica.
