El presupuesto más costoso de la historia reciente del país, que dedica casi la mitad del presupuesto a pagar la nueva deuda que pretenden adquirir el gobierno, el menos discutido y más pupitreado, que no aceptó ninguna proposición de la oposición tendría graves vicios de forma y de fondo que el Pacto Histórico demandará en caso de ser sancionado.
Esme Hernández y Lina García denuncian que Cámara y Senado aprobaron versiones diferentes del Presupuesto General de la Nación para 2027 sin realizar la conciliación exigida por la Constitución.
Esme Hernández aseguró que, tras revisar el trámite junto con Lina García, encontraron diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes, sin que se hubiera realizado la conciliación correspondiente. La denuncia pone sobre la mesa una cuestión fundamental: ¿el Congreso aprobó una misma ley en ambas cámaras o dio por terminado el trámite de dos versiones diferentes?
La conciliación no es un trámite opcional
El artículo 161 de la Constitución establece que, cuando existen discrepancias entre los textos aprobados por Senado y Cámara, deben integrarse comisiones de conciliación para resolverlas.
Esto significa que no basta con que ambas corporaciones aprueben el mismo monto global de $634,9 billones. También importa que coincidan las disposiciones que determinan cómo se distribuyen y ejecutan los recursos públicos. Si las diferencias denunciadas se comprueban y no fueron resueltas mediante el procedimiento correspondiente, podría existir un vicio de trámite susceptible de control constitucional.
Un presupuesto aprobado de afán en la madrugada
La secuencia de la aprobación también alimenta los cuestionamientos. El Senado terminó su discusión cerca de las 11 de la noche del lunes 19 de octubre. La Cámara, por su parte, extendió su sesión hasta las 3:47 de la madrugada del martes 20. El proyecto recibió un amplio respaldo: 112 votos favorables en la Cámara y 57 en el Senado, según los reportes publicados sobre las votaciones.
El presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, sostuvo que los textos aprobados eran idénticos y que, por esa razón, no era necesaria una conciliación. Esa afirmación oficial contradice directamente la denuncia de Hernández y García.
