La Gobernación impulsa nuevos proyectos viales financiables mediante valorización. La propuesta incluye predios de 11 municipios del Oriente, Suroeste, Norte y Occidente, incluso en territorios por donde no pasarán directamente las carreteras.
El gobernador Andrés Julián Rendón busca ampliar los cobros por valorización en Antioquia mediante nuevos proyectos de ordenanza que permitirían financiar obras viales con contribuciones de propietarios de inmuebles ubicados en las zonas consideradas beneficiarias. El problema es que todo el costo del desarrollo se impone a los antioqueños y no se evidencia el aporte del gobierno de De la Espriella al que tanto apoyan.
Uno de los documentos presentados a la Asamblea contempla dos corredores que suman 63,1 kilómetros: La Ceja–La Pintada, de 47,3 kilómetros, y San Jerónimo–Poleal–San Pedro de los Milagros, de 15,8 kilómetros. La propuesta incorpora 11 municipios a las zonas de citación, lo que abre la posibilidad de futuros cobros a propietarios de predios ubicados dentro de los polígonos definidos.
Los 11 municipios incluidos en la propuesta
Corredor La Ceja–La Pintada:
La Ceja, El Retiro, Montebello, Santa Bárbara, La Pintada, Fredonia y Valparaíso.
Corredor San Jerónimo–Poleal–San Pedro de los Milagros:
San Jerónimo, San Pedro de los Milagros, Sopetrán y Bello.
Hay un detalle especialmente importante: no todos estos municipios serán atravesados directamente por las obras. Según la exposición de motivos, Fredonia, Valparaíso, Bello y Sopetrán fueron incluidos por los beneficios territoriales que la Gobernación considera que podrían recibir.
El cobro podría llegar antes de terminar las carreteras
El proyecto establece que el gobernador podrá asignar la contribución de valorización antes, durante o después de la ejecución de las obras, una vez surtidos los procedimientos correspondientes. Esto significa que el pago no necesariamente estaría condicionado a que los ciudadanos ya estén utilizando una carretera terminada.
La iniciativa también contempla tratamientos especiales para determinados propietarios de viviendas de estratos 1, 2 y 3, campesinos, adultos mayores, mujeres cabeza de familia y víctimas del conflicto. Sin embargo, estos beneficios están sujetos a requisitos y procedimientos, por lo que no constituyen una exención automática para todos los integrantes de esos grupos.
Más presión sobre el bolsillo de los antioqueños
La Gobernación argumenta que necesita fuentes adicionales de financiación para superar el atraso de la infraestructura vial departamental.
Pero la iniciativa plantea una discusión de fondo: hasta dónde puede trasladarse a los propietarios el costo de obras públicas que deberían responder a una planeación financiera transparente y a una evaluación rigurosa de los beneficios.
Lo que sí está expresamente planteado es la intención del gobierno de Rendón de utilizar nuevamente la valorización para financiar infraestructura vial, ampliando el universo de predios potencialmente sujetos a esta contribución.
