La defensa de Santurbán vuelve a convertirse en una gran causa ciudadana en Bucaramanga. Después de semanas de denuncias, firmas y movilización, el Consejo de Ministros aceptó el impedimento del ministro de Ambiente, Fabio Arjona, para intervenir en asuntos relacionados con la delimitación del páramo y la reserva de la microcuenca de la quebrada La Baja. La decisión responde a una recusación presentada por el Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.
El antecedente que encendió las alarmas ocurrió apenas comenzaba el Gobierno de Abelardo de la Espriella. El 13 de agosto, el Ministerio de Ambiente revocó la Resolución 0994, expedida al final del gobierno Petro, que había declarado 1.499 hectáreas de La Baja como reserva definitiva y restringía nuevas concesiones y licencias para minería mediana y grande.
El Comité argumentó en su recusación que las actuaciones y declaraciones del ministro mostraban parcialidad frente a Aris Mining y su proyecto Soto Norte. Más de 50.000 firmas fueron entregadas el 7 de septiembre al Tribunal Administrativo de Santander en respaldo de medidas cautelares para proteger Santurbán.
Detrás de esa decisión está una movilización que no se ha quedado en redes sociales. Más de 50.000 firmas fueron entregadas el 7 de septiembre al Tribunal Administrativo de Santander en respaldo de medidas cautelares para proteger Santurbán. Ahora el Comité convoca a su Asamblea General para el próximo miércoles 23 de septiembre y asegura que continuará vigilando para que las decisiones protejan el agua que abastece a más de dos millones de personas y no los intereses mineros.
Defensa de Santurbán se convierte en una de las primeras batallas contra el gobierno en defensa del ambiente y la naturaleza
La disputa por Santurbán se convierte así en uno de los primeros grandes pulsos ambientales del Gobierno Espriella. La revocatoria de la protección de La Baja y la orientación minera defendida por el ministro despertaron temores entre organizaciones ambientales; el Gobierno, por su parte, afirma que la protección y delimitación del páramo continuarán y que garantizará el agua, la biodiversidad y la participación comunitaria. Esa promesa será ahora objeto de vigilancia ciudadana.
En Bucaramanga el mensaje vuelve a escucharse con fuerza: el agua de Santurbán no es negociable. Haber apartado al ministro de las decisiones cuestionadas es un triunfo concreto de la organización ciudadana, pero no resuelve la discusión de fondo. El próximo capítulo será determinar quién asume esas decisiones y, sobre todo, si el Gobierno Espriella restablece garantías efectivas para La Baja y el páramo o mantiene abierta la puerta a una mayor actividad minera.
