Una diferencia entre los textos aprobados por Cámara y Senado frustró el trámite del Presupuesto 2027, por $634,9 billones. El Gobierno tendrá que acudir a un decreto, pero esa salida podría recuperar disposicionesde su propuesta inicial que el Congreso había modificado.
La primera gran victoria legislativa del presidente Abelardo de la Espriella terminó convertida en gran derrota. El Presupuesto General de la Nación para 2027, aprobado en la madrugada del martes por $634,9 billones, se cayó por un error en el trámite legislativo que fue denunciado por la senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, junto con Lina García.
La irregularidad se concentra en el artículo 65. El Senado lo aprobó sin una proposición modificatoria, mientras que la Cámara votó una versión que sí la incorporaba. Como los textos eran diferentes, debía realizarse una conciliación y someterla a votación en ambas plenarias.
Eso no ocurrió antes del vencimiento del plazo legal, el 20 de octubre.
La Secretaría del Senado confirmó que no se aprobó ninguna proposición sobre ese artículo. Además, fuentes del Gobierno reconocieron a Caracol Radio que el presupuesto tendría que expedirse por decreto.
¿El Gobierno recuperará lo que el Congreso le había cambiado?
Aquí aparece la consecuencia política más delicada. El artículo 348 de la Constitución permite que, cuando el Congreso no expide oportunamente el presupuesto, rija el proyecto presentado por el Gobierno, bajo las condiciones constitucionales aplicables.
Esto significa que el decreto no sería una autorización para inventar un presupuesto nuevo, pero sí podría dejar sin efecto modificaciones introducidas durante las plenarias. Entre los cambios que podrían desaparecer están los $3 billones adicionales destinados a salud, los $100.000 millones de aumento para el presupuesto del Congreso y otras asignaciones aprobadas durante el debate.
También podrían mantenerse disposiciones del proyecto original que habían sido limitadas por los congresistas, incluidas facultades para mover recursos y condiciones de manejo de fondos públicos.
La paradoja es evidente: un error de la coalición que apoyó al presidente podría devolverle al Ejecutivo parte del control presupuestal que había perdido en el Congreso.
¿Torpeza legislativa o una jugada conveniente?
La pregunta política es inevitable: ¿el Gobierno terminó beneficiándose de un error que dejó sin efecto las modificaciones del Congreso?
Los hechos conocidos muestran que una proposición presentada durante el debate fue retirada en el Senado, pero apareció incorporada en el texto votado por la Cámara. Ese desajuste impidió cerrar correctamente el procedimiento. Puede cuestionarse es la responsabilidad del Ejecutivo y de sus mayorías parlamentarias en un trámite acelerado que terminó comprometiendo la aprobación de la principal ley económica del año.
Ahora el Ministerio de Hacienda deberá explicar qué versión presupuestal adoptará, cuáles modificaciones quedarán excluidas y qué facultades conservará el Gobierno.
El presupuesto se cayó por un error del Congreso. Lo que está por verse es quién termina pagando las consecuencias y quién sale ganando con el decreto.
