En las 102.802 hectáreas que habían sido priorizadas para proteger la producción de alimentos existen 243 solicitudes mineras en trámite. Quince fueron radicadas después del triunfo electoral de De la Espriella, ocho de ellas al día siguiente de las elecciones.
Las tierras que el Gobierno de Gustavo Petro había priorizado para proteger la producción de alimentos en el Suroeste antioqueño están en el centro de una creciente disputa minera. Un total de 243 solicitudes de títulos mineros se superponen con 54.648 hectáreas de la antigua Área de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), según un análisis de registros de la Agencia Nacional de Minería (ANM).
La cifra equivale al 53,2 % de las 102.802 hectáreas que integraban la figura de protección, distribuida en 19 municipios, entre ellos Jericó, Támesis, Jardín, Andes y Venecia. La superposición total de títulos y solicitudes alcanza aproximadamente el 59 % del territorio.
El panorama cobra especial relevancia después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella derogara, el pasado 24 de octubre, las resoluciones que habían establecido la protección agrícola en esta región.
Ocho solicitudes de oro llegaron un día después de las elecciones
El 22 de junio de 2026, apenas un día después del triunfo presidencial de De la Espriella, fueron radicadas ocho solicitudes mineras sobre terrenos incluidos en las APPA del Suroeste.
Cuatro solicitudes correspondieron a Mona Minas, dos a Solvista Colombia, una a Garza Gold y otra a Nivel Cambio.
Los registros identificados muestran las siguientes áreas solicitadas:
| Empresa | Hectáreas solicitadas |
|---|---|
| Mona Minas | 1.609 |
| Solvista Colombia | 807 |
| Garza Gold | 56 |
| Nivel Cambio | 10 |
Entre el 21 de junio y el 29 de octubre se identificaron 15 solicitudes nuevas con superposición sobre 2.835 hectáreas de la antigua zona protegida. En agosto, Minera Monte Águila también solicitó 1.253 hectáreas en Concordia.
De proteger la producción de alimentos a abrir la disputa por el subsuelo
Las APPA fueron creadas durante el Gobierno Petro para dar prioridad a la producción de alimentos en territorios agrícolas estratégicos. Sin embargo, el Gobierno De la Espriella emprendió su desmonte argumentando que estas figuras afectaban la autonomía municipal, presentaban deficiencias técnicas y generaban conflictos con otras actividades económicas.
La eliminación de la protección no significa que las empresas puedan comenzar inmediatamente a explotar minerales. Las solicitudes todavía deben superar los procedimientos de la autoridad minera y los requisitos ambientales aplicables. No obstante, el cambio sí modifica las condiciones de ordenamiento territorial que habían sido establecidas para dar prioridad a la producción agrícola.
Jericó y Támesis, territorios en disputa
El interés minero no es nuevo en el Suroeste antioqueño. Durante años, comunidades campesinas y organizaciones ambientales han defendido la vocación agrícola de municipios como Jericó y Támesis, donde existe una prolongada controversia por proyectos de extracción de oro y cobre. La región tiene una fuerte tradición cafetera y una economía rural que depende de la tierra y de las fuentes hídricas.
La coincidencia entre el desmonte de las APPA y las solicitudes mineras plantea una pregunta de fondo: ¿Qué garantías tendrán los agricultores para que las tierras de producción de alimentos no pierdan prioridad frente a los proyectos extractivos? La discusión ya no es solamente jurídica. Es una disputa sobre el futuro económico y ambiental del Suroeste antioqueño: si sus tierras seguirán priorizadas para producir alimentos o quedarán cada vez más expuestas a la expansión minera.
