En un hecho que marca un giro histórico en uno de los territorios más golpeados por la violencia, el presidente Gustavo Petro llegó a Puerto Boyacá para oficializar la entrega de 5.300 hectáreas de tierra a 504 familias campesinas, en el marco de la Reforma Agraria.
La tierra, que durante años estuvo en manos del narcotráfico y estructuras ilegales, fue recuperada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia Nacional de Tierras, y hoy pasa a manos de quienes históricamente han sido excluidos del acceso a la propiedad rural.
Este proceso no solo representa una entrega material, sino un acto de justicia histórica: devolver la tierra a quienes la trabajan. En una región que fue símbolo del paramilitarismo y del despojo, la apuesta del Gobierno es clara: cambiar economías ilegales por producción campesina, arraigo y paz territorial.
Según cifras oficiales, esta entrega se suma a un avance nacional: más de 700.000 hectáreas gestionadas en todo el país dentro de la Reforma Agraria, uno de los ejes centrales del gobierno Petro para reducir la desigualdad en el campo colombiano.
Pero el desafío no termina con la entrega. El verdadero éxito de la reforma dependerá de lo que venga después: crédito rural, asistencia técnica, vías terciarias y garantías de comercialización para que estas familias puedan sostener sus proyectos productivos y no volver a ser expulsadas de la tierra.
Lo que ocurre en Puerto Boyacá envía un mensaje político contundente: la tierra que antes financió la violencia hoy empieza a sembrar vida, trabajo y dignidad.
