El anuncio del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella de reglamentar el trabajo por horas ha encendido las alarmas entre sindicatos y expertos laborales, quienes advierten que esta modalidad podría traducirse en un retroceso de derechos conquistados durante décadas. La iniciativa busca reglamentar la contratación y la cotización por horas, apoyándose en disposiciones de la reforma laboral de 2025.
Aunque el Gobierno sostiene que la medida permitiría formalizar empleos de tiempo parcial, sus críticos advierten que también podría incentivar a las empresas a reemplazar contratos de tiempo completo por jornadas fragmentadas, reduciendo ingresos, estabilidad laboral y acceso efectivo a prestaciones sociales.
Para organizaciones sindicales, el principal riesgo es que el empleo deje de ser una fuente de estabilidad para convertirse en una relación laboral cada vez más flexible e incierta, donde los trabajadores dependan de acumular varias jornadas para alcanzar un ingreso suficiente. En ese escenario, sostienen, se debilita la protección social y se profundiza la precarización del trabajo.
La discusión apenas comienza, pero ya enfrenta dos visiones opuestas: mientras el gobierno defiende la medida como una herramienta de flexibilización y formalización, sectores laborales la califican como un posible retroceso en materia de derechos laborales, al abrir la puerta a empleos más inestables y con menores garantías para los trabajadores.
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