En un operativo realizado durante la madrugada, funcionarios de la Alcaldía de Medellín, acompañados por la Fuerza Pública y otras dependencias, desalojaron a los vendedores informales que trabajaban en los alrededores de la estación Caribe del Metro. La intervención hace parte de la estrategia de la administración de Federico Gutiérrez para recuperar el espacio público, una política que ha generado fuertes cuestionamientos por su impacto sobre quienes dependen de la economía popular para subsistir.
Según las denuncias difundidas en redes sociales, el procedimiento se llevó a cabo de manera sorpresiva y terminó con el retiro de los puestos de venta instalados en el sector. La situación ha reavivado el debate sobre el equilibrio entre la recuperación del espacio público y la garantía del derecho al trabajo de cientos de familias que encuentran en las ventas informales su principal fuente de ingresos.
Las críticas también apuntan al papel del Metro de Medellín, al considerar que la intervención se realizó en inmediaciones de una de sus estaciones sin que la empresa se pronunciara públicamente frente a las consecuencias sociales del operativo.
El hecho ocurre en un contexto en el que otras intervenciones urbanas en Medellín, como las desarrolladas en el entorno de Parque Berrío, también han sido cuestionadas por organizaciones de vendedores y defensores de derechos humanos, quienes reclaman procesos de concertación y alternativas reales de reubicación antes de ejecutar desalojos.
Mientras la Alcaldía sostiene que estas acciones buscan recuperar el orden y mejorar la movilidad peatonal, sectores sociales insisten en que la discusión de fondo sigue siendo la misma: ¿es posible recuperar el espacio público sin dejar a cientos de personas sin su sustento?
