El llamado “plan de choque” con el que la ministra de Salud, Ana María Vesga, prometió comenzar a sacar al sistema de la crisis enfrenta una prueba difícil de maquillar: desde este lunes 14 de septiembre, 40 hospitales públicos de Antioquia suspendieron la atención no urgente a los afiliados de Coosalud.
La razón es financiera. Según la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia (AESA), la EPS les debe $293.000 millones a los hospitales públicos del departamento y ha incumplido acuerdos recientes de pago.
El problema golpea directamente a los pacientes: consultas, procedimientos y otros servicios no urgentes quedan restringidos mientras las instituciones mantienen la atención de urgencias.
A comienzos de agosto, Vesga anunció un plan de choque cuya prioridad sería precisamente identificar a los pacientes represados por citas, cirugías, procedimientos y medicamentos y coordinar con EPS, hospitales y proveedores para garantizar su atención. La ministra reconoció entonces que había enormes deudas acumuladas y que los resultados no serían inmediatos.
El Ministerio sostiene que la estrategia está avanzando y que ahora prioriza los casos de acuerdo con su riesgo clínico, con metas fijadas hasta el 31 de diciembre. Pero en Antioquia la realidad va en dirección contraria: no se están destrabando solamente servicios atrasados; nuevos servicios están siendo suspendidos porque no llega el dinero a los hospitales.
El plan se medirá menos por reuniones y anuncios que por algo mucho más sencillo: que al paciente le den la cita, le entreguen el medicamento y que el hospital tenga recursos para atenderlo.
El caso de Coosalud tampoco apareció esta semana. El Hospital La María, por ejemplo, suspendió desde el 6 de agosto los servicios programados para afiliados de esa EPS. Para julio, solo esa institución reportaba una deuda vencida superior a $42.562 millones. Más grave aún: en agosto la Defensoría del Pueblo ya había advertido un deterioro en la atención de los 3,3 millones de afiliados de Coosalud en el país, con problemas en medicamentos, autorizaciones, citas especializadas y suspensión de servicios por falta de pago a prestadores.
Le corresponde al Gobierno es responder por su promesa de choque inmediato. Y mientras 40 hospitales públicos antioqueños restringen servicios porque Coosalud no paga, la distancia entre el anuncio y lo que viven pacientes, trabajadores y hospitales empieza a ser demasiado grande. El plan se medirá menos por reuniones y anuncios que por algo mucho más sencillo: que al paciente le den la cita, le entreguen el medicamento y que el hospital tenga recursos para atenderlo.
Y el gobernador que era vocero de los pacientes sigue mudo frente a semejante crisis
El contraste también es político. Hasta el cierre de esta nota no encontramos un pronunciamiento público del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, sobre la suspensión de servicios a los afiliados de Coosalud en 40 hospitales públicos del departamento. El silencio llama la atención porque, durante el gobierno de Gustavo Petro, Rendón fue una de las voces más duras frente a la crisis de la red hospitalaria: llegó a hablar de una “asfixia deliberada” y exigió al entonces presidente rendir cuentas por las dificultades financieras del sistema, señalando incluso la situación de EPS intervenidas como Coosalud.
Ahora que los hospitales vuelven a advertir que las deudas están poniendo en riesgo la atención de los pacientes, pero bajo el gobierno de Abelardo de la Espriella, la misma contundencia del gobernador no aparece.
