De Popayán a Cali, de la Casa de Nariño al Palacio de San Carlos y ahora nuevamente a la Casa de Nariño. En pocas semanas, el Gobierno de Abelardo De la Espriella ha cambiado varias de las decisiones con las que presentó su modelo de administración, mientras el Estado debe adaptar infraestructura, seguridad y logística a cada nuevo anuncio.
Antes de asumir la Presidencia, De la Espriella aseguró que no despacharía desde la Casa de Nariño y anunció que convertiría el histórico edificio en un museo. Su sede en Bogotá sería el Palacio de San Carlos, actualmente ocupado por la Cancillería.
La decisión no era menor. Trasladar el despacho presidencial implica adecuaciones, sistemas de comunicaciones, seguridad, tecnología, personal y logística. Sin embargo, apenas unas semanas después, el Gobierno prepara nuevamente la Casa de Nariño para que el mandatario vuelva a utilizarla cuando esté en Bogotá.
El Palacio de San Carlos, además, permanecerá dentro del esquema presidencial. Es decir, el Estado termina operando con más de un espacio destinado al funcionamiento del jefe de Estado después de que una de las principales decisiones anunciadas antes de asumir ya fue modificada.
Y no es el único giro.
La posesión presidencial también cambió de escenario. Inicialmente se había planteado realizarla en Popayán, pero finalmente se trasladó a Cali. La operación logística del evento estuvo alrededor de los $5.950 millones, de acuerdo con las cifras reportadas públicamente.
A esto se suma la sede presidencial de Barranquilla, presentada como parte del proyecto de descentralizar el Gobierno. Allí se realizaron adecuaciones en instalaciones del Batallón Paraíso y se ha hablado de una inversión cercana a los $2.000 millones, aunque el Gobierno ha señalado que parte de las intervenciones y recursos corresponden a aportes privados.
Solo estas dos operaciones —la sede de Barranquilla y la posesión trasladada a Cali— ponen sobre la mesa cerca de $8.000 millones en cifras reportadas públicamente, sin contar lo que haya costado adecuar el Palacio de San Carlos ni lo que ahora deberá invertirse para poner nuevamente en funcionamiento la Casa de Nariño como sede presidencial.
Y ahí está el verdadero problema.
No se trata de cuestionar que un Presidente pueda corregir una decisión. Lo preocupante es que cada cambio de rumbo en la administración pública tiene consecuencias materiales: contratos, adecuaciones, dispositivos de seguridad, desplazamiento de funcionarios, transporte, equipos y recursos que deben movilizarse para hacer realidad cada nuevo anuncio.
Si una sede se prepara para recibir al Presidente y semanas después deja de ser su principal despacho, alguien debe responder cuánto costó esa operación. Y si ahora la Casa de Nariño debe volver a adecuarse para recibirlo, también debería conocerse cuánto dinero adicional demandará el nuevo cambio.
La promesa de descentralizar el poder puede ser discutible o defendible políticamente. Lo que no puede quedar sin explicación es cuánto cuesta ponerla en práctica cuando las decisiones cambian constantemente.
De la Espriella llegó al poder hablando de eficiencia, austeridad y una nueva forma de administrar el Estado. Por eso, más que nuevos anuncios, lo que corresponde ahora es transparencia sobre las cifras: cuánto se ha gastado, quién pagó cada adecuación y cuánto costará revertir las decisiones tomadas apenas semanas atrás.
Porque los cambios de un Gobierno pueden ser políticos, pero sus consecuencias son administrativas y económicas.
Y cuando se trata de recursos públicos, el costo de cambiar de rumbo no lo asume una campaña electoral: lo termina asumiendo el Estado.
