Un decreto expedido en los días previos al cambio de Gobierno suspendió temporalmente la publicación previa de las hojas de vida y la evaluación de competencias para determinados nombramientos de libre designación y remoción. Con ello, quedó suspendido también, durante ese periodo, el mecanismo mediante el cual los ciudadanos podían conocer los perfiles de los aspirantes y formular observaciones antes de que fueran designados.
La medida coincidió con uno de los momentos más importantes de la transición presidencial: la conformación del nuevo Gobierno.
La justificación fue facilitar la continuidad administrativa durante el cambio de mandato y permitir que el nuevo Ejecutivo pudiera avanzar rápidamente en la conformación de su equipo. Sin embargo, el efecto sobre la participación ciudadana es difícil de ignorar: durante dos semanas se redujo la posibilidad de ejercer control previo sobre quiénes serían designados en cargos estratégicos del Estado.
Y el contexto posterior hace que la discusión cobre todavía más relevancia.
Durante las primeras semanas del Gobierno de Abelardo de la Espriella se produjeron cientos de nombramientos en ministerios, entidades y cargos directivos. En varios de ellos comenzaron a aparecer cuestionamientos relacionados con trayectorias políticas, vínculos con la campaña presidencial, relaciones empresariales y posibles conflictos de interés.
La pregunta entonces resulta inevitable: ¿por qué en el momento en que se estaba conformando el nuevo poder político del país se redujo temporalmente uno de los mecanismos que permitía a la ciudadanía revisar quiénes estaban llegando a esos cargos?
La veeduría ciudadana no es un trámite decorativo. La publicación previa de las hojas de vida permite que periodistas, organizaciones sociales, funcionarios y ciudadanos puedan advertir antecedentes, incompatibilidades o posibles conflictos de interés antes de que una persona asuma una responsabilidad pública.
Y aunque la suspensión fue temporal y se produjo en el marco de una transición presidencial, el debate permanece: la transparencia no debería ser lo primero que se sacrifica cuando hay prisa por nombrar.
Más aún cuando hablamos de funcionarios que tendrán bajo su responsabilidad recursos públicos, entidades estratégicas y decisiones que afectan directamente la vida de millones de colombianos.
La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes gobiernan, de dónde vienen y qué intereses podrían tener.
Porque si el control ciudadano existe para vigilar al poder, la pregunta es por qué, precisamente cuando el poder estaba cambiando de manos, se cerró durante 15 días esa ventana de vigilancia.
