El Ministerio de Educación, encabezado por Viviane Morales, puso en consulta un proyecto de decreto que plantea nuevas reglas para que terceros puedan administrar y operar colegios oficiales durante períodos de hasta 12 años.
La propuesta contempla que entidades privadas con experiencia e idoneidad puedan encargarse de organizar, coordinar, dirigir, administrar y operar instituciones educativas oficiales. Aunque los colegios conservarían formalmente su carácter público y las entidades territoriales mantendrían la responsabilidad sobre el servicio, buena parte de la operación podría quedar en manos de privados durante más de una década.
Uno de los puntos que más preocupación genera está relacionado con los trabajadores. El proyecto contempla que el personal contratado directamente por estos operadores quede bajo el régimen laboral privado y no tenga vinculación laboral con la entidad territorial.
La propuesta también contempla la participación de iglesias y confesiones religiosas mediante contratos para desarrollar estrategias pedagógicas y apoyar componentes administrativos de establecimientos oficiales.
Morales ha rechazado que se trate de una privatización de la educación. La ministra sostiene que el Estado conservaría la responsabilidad, vigilancia y control de los colegios y defiende la figura de administración por terceros como una alternativa que ya ha sido utilizada en algunas ciudades del país.
Sin embargo, Fecode y sectores de la oposición han advertido que la propuesta puede ampliar la entrega de funciones de la educación pública a operadores privados y generar condiciones laborales más precarias para docentes y trabajadores.
El debate, entonces, va más allá del nombre que se le quiera poner. El proyecto abre una discusión de fondo sobre hasta dónde puede llegar la participación privada y religiosa en instituciones financiadas con recursos públicos y qué funciones del Estado pueden ser delegadas a terceros.
Por ahora, se trata de un proyecto en etapa de consulta y todavía puede ser modificado. Pero la propuesta ya encendió las alarmas entre quienes consideran que la educación pública debe permanecer bajo administración y responsabilidad directa del Estado.
