Además de haber abierto y cerrado el Paro Armado a su antojo sin que Abelardo de la Espriella haya podido hacer algo, las ACSN aseguran que alias ‘Cholo’ se entregó antes de morir y que Ricardo Andrés Rodríguez no estaba armado ni pertenecía a sus filas. Las autoridades sostienen que la operación golpeó a la estructura criminal; Fiscalía y Medicina Legal deberán esclarecer las circunstancias de las muertes.
Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) difundieron un comunicado que pone sobre la mesa dos denuncias graves sobre el operativo realizado el 21 de septiembre en Quebrada del Sol, zona rural de Santa Marta. El grupo asegura que José Luis Pérez Villanueva, alias ‘Cholo’, se entregó a integrantes de la Fuerza Pública y posteriormente fue asesinado.
El segundo cuestionamiento está relacionado con Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, de 18 años. Las ACSN sostienen que el joven no pertenecía a la organización y que estaba desarmado. Esa afirmación coincide parcialmente con la denuncia de su familia, que asegura que Rodríguez era un trabajador del campo sin vínculos con estructuras criminales. El Ministerio de Defensa ya confirmó su identidad y aclaró que ninguna fuente oficial lo identificó como hijo de alias ‘Pinocho’, mientras señaló que corresponderá a la Fiscalía y a Medicina Legal esclarecer qué ocurrió.
Las denuncias contrastan con la presentación inicial del operativo como un golpe contra integrantes de las ACSN y obligan a establecer quiénes eran realmente las siete personas que murieron y en qué circunstancias falleció cada una. La incautación de armamento y la condición de ‘Cholo’ dentro de la organización están documentadas, pero eso no resuelve las preguntas sobre la forma en que se produjo su muerte ni demuestra que todas las personas fallecidas fueran combatientes.
Abrieron y cerraron el Paro Armado cuando quisieron y el gobierno De la Espriella no pudo hacer nada
El comunicado también confirma que las ACSN mantienen capacidad para imponer restricciones sobre la población: decretaron un paro armado que afectó Magdalena y La Guajira y posteriormente anunciaron unilateralmente su levantamiento. Aunque el Gobierno desplegó Fuerza Pública para enfrentar esas amenazas, el episodio evidencia que la estructura conserva capacidad de intimidación y perturbación territorial.
El esclarecimiento del operativo es un asunto distinto: las versiones de una entrega seguida de muerte y de un civil de 18 años ajeno al grupo requieren una investigación independiente antes de poder establecer si hubo ejecuciones extrajudiciales.
Por su parte el Representante Alejandro Toro exigió al Ministerio de Defensa, la Policía y la Fiscalía explicar qué información sustentaba la presunta vinculación de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Su familia asegura que era trabajador del campo.
