De la Espriella Lawyers perdió un litigio tributario por un contrato de defensa de Saludvida EPS, entidad que terminó liquidada y con deudas por $1,5 billones. El episodio vuelve al foco cuando el Gobierno puso el Ministerio de Salud en manos de Ana María Vesga, expresidenta de Acemi, gremio de las EPS.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó el 22 de septiembre una decisión que dejó en firme sanciones tributarias por $571 millones contra De la Espriella Lawyers, firma creada por el hoy presidente Abelardo de la Espriella. El pleito tiene origen en un contrato firmado en 2018 con Saludvida EPS por $3.000 millones, relacionado con la representación jurídica de la entidad. La decisión judicial concluyó que la firma reportó incorrectamente información tributaria asociada al negocio. De la Espriella todavía estaba vinculado al bufete cuando se celebró el contrato.
La defensa comprendió la representación de Saludvida y sus directivos en diferentes frentes jurídicos, incluidos más de 230 procesos penales
El contrato no era una asesoría menor. La defensa comprendió la representación de Saludvida y sus directivos en diferentes frentes jurídicos, incluidos más de 230 procesos penales, según información divulgada en 2019. La auditoría realizada durante la liquidación puso bajo escrutinio el contrato por $3.000 millones y una eventual prima de éxito de $15.000 millones. La Superintendencia también indagó entonces el origen de los recursos utilizados para pagar esos servicios jurídicos.
Y Saludvida estaba lejos de ser una EPS sin problemas. Una primera auditoría del proceso de liquidación encontró presuntos usos de recursos del sector para salarios de conductores y escoltas que no trabajaban para la EPS, vehículos y gastos para personas ajenas a la entidad, además de cuestionamientos sobre la venta de un inmueble y el propio contrato con De la Espriella Lawyers. Esos hallazgos fueron reportados durante el proceso de liquidación y no equivalen, por sí mismos, a condenas penales.
La Procuraduría abrió además un proceso disciplinario contra el entonces presidente y representante legal de Saludvida, Juan Pablo Silva Roa, por presuntas irregularidades en la administración de $131.536 millones destinados a servicios de salud. Según el Ministerio Público, recursos girados directamente a IPS habrían sido utilizados para cubrir créditos y otros compromisos económicos.
Saludvida le quedó debiendo $1,5 billones a clínicas, hospitales y farmaceuticas mientas que De la Espriella si habría cobrado sus honorarios de 3.000 millones
La situación financiera terminó siendo enorme. La Superintendencia Nacional de Salud informó que, con corte a octubre de 2022, Saludvida acumulaba deudas por alrededor de $1,5 billones, una de las cifras más altas entre las EPS que estaban en liquidación. La entidad había sido enviada a liquidación en 2019 y su existencia jurídica terminó en marzo de 2023.
El antecedente adquiere relevancia política en 2026 porque el propio De la Espriella puso el Ministerio de Salud en manos de Ana María Vesga, quien venía de presidir Acemi, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, gremio que representa a EPS del régimen contributivo. Antes había sido vicepresidenta de Salud de la ANDI y directora de su Cámara de la Industria Farmacéutica. Su nombramiento fue celebrado por algunos actores del sector y cuestionado por dirigentes como Carolina Corcho, quienes plantearon posibles conflictos de interés por su trayectoria gremial.
Además, el contrato de Saludvida volvió a tener repercusiones este año. En junio, el entonces candidato Iván Cepeda presentó una denuncia penal en la que pidió investigar presuntas irregularidades y un eventual uso de recursos del sistema de salud alrededor del negocio. Esa denuncia fue posteriormente remitida a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara por la condición de presidente de De la Espriella. Se trata de una investigación distinta al litigio tributario y no establece responsabilidad penal.
