El Juzgado 24 de Familia de Bogotá dio 48 horas para restituir las piezas retiradas de las salas del Museo Nacional. La decisión llega después de que organizaciones nacionales e internacionales de museos cuestionaran la intervención del Gobierno de Abelardo de la Espriella por sus implicaciones para la memoria histórica y la libertad cultural.
Un juez de Bogotá le ordenó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y al Museo Nacional de Colombia restituir en un plazo de 48 horas todas las piezas retiradas de sus exposiciones el pasado 15 de octubre, en un fallo que representa un duro revés para la intervención impulsada por el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La decisión fue adoptada este 28 de octubre por el juez César Enrique Osorio Ortiz, del Juzgado 24 de Familia de Bogotá, al resolver varias acciones de tutela acumuladas. El despacho amparó los derechos fundamentales a la libertad de expresión, al acceso a la cultura, a la educación y a la memoria histórica.
La orden judicial exige devolver las piezas a sus respectivos espacios de exhibición, garantizando su conservación mientras se adelanta una evaluación técnica y curatorial con participación de las instancias competentes del Museo Nacional.
La justicia cuestionó el retiro de las obras
La controversia comenzó cuando el Ministerio ordenó retirar de las salas del Museo Nacional materiales relacionados con la violencia política, las luchas feministas, los movimientos LGBTIQ+, la Unión Patriótica y el Acuerdo de Paz de 2016. Entre los elementos afectados había documentos, fotografías, objetos históricos y materiales museográficos que formaban parte del relato sobre acontecimientos fundamentales de la historia reciente del país.
De acuerdo con la información presentada durante el proceso, el Ministerio reconoció el retiro de 22 piezas patrimoniales dentro de un conjunto de 63 elementos desmontados. El fallo cuestionó que la intervención se hubiera realizado sin acreditar previamente una evaluación técnica y curatorial suficiente. También estableció que las decisiones sobre el patrimonio deben respetar el pluralismo, la igualdad, la memoria histórica y la prohibición de censura.
Organizaciones internacionales ya habían rechazado la intervención
La decisión judicial llega después de las advertencias del Consejo Internacional de Museos y de organizaciones especializadas en patrimonio cultural. El 22 de octubre, la Alianza Regional para América Latina y el Caribe del Consejo Internacional de Museos (ICOM LAC) remitió una declaración al Ministerio en la que expresó su preocupación por el retiro de materiales relacionados con la violencia política y las luchas de movimientos sociales.
La organización pidió evitar actos de censura y decisiones ajenas a criterios técnicos, científicos o curatoriales. También recomendó restituir los materiales y abrir un diálogo con especialistas, comunidades y representantes del sector cultural. Un día después, el Comité Internacional para Museos y Colecciones de Arte Moderno (CIMAM) advirtió que retirar piezas sin fundamentos curatoriales puede afectar el acceso público a la historia y la independencia profesional de los museos.
Tutela de Gabriel Becerra y organizaciones sociales
La decisión responde a las acciones promovidas, entre otros, por el representante a la Cámara Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, y ciudadanos vinculados a organizaciones defensoras de los derechos culturales y de la diversidad sexual. Desde el 19 de octubre, el juzgado había adoptado medidas provisionales para impedir la destrucción, alteración o retiro adicional de las piezas mientras resolvía el caso.
La sentencia marca un límite a la intervención gubernamental sobre la memoria histórica del país: los contenidos de un museo público no pueden retirarse por razones políticas. El Gobierno deberá cumplir la restitución dentro del plazo fijado por el juzgado, contado desde la notificación de la providencia.
