El congresista cuestionó la designación del exprocurador como ministro del Interior, mientras enfrenta una demanda de repetición por la sanción que impuso a Piedad Córdoba. La Procuraduría busca recuperar de su patrimonio los recursos públicos utilizados para indemnizar a la exsenadora.
El congresista Alejandro Toro denunció que Alejandro Ordóñez, designado ministro del Interior por el presidente Abelardo de la Espriella, enfrenta una reclamación judicial por $1.674.864.716, más intereses e indexación, derivada de la destitución e inhabilidad que impuso a la entonces senadora Piedad Córdoba en 2010.
La controversia tiene un componente especialmente significativo: es la propia Procuraduría General de la Nación, entidad que Ordóñez dirigió durante siete años, la que reclama que responda con su patrimonio por los recursos públicos pagados como consecuencia de aquella decisión. La demanda de repetición fue presentada en 2018 y continúa siendo objeto de actuaciones judiciales ante el Consejo de Estado.
La sanción contra Piedad Córdoba terminó costándole millones al Estado
En septiembre de 2010, cuando era procurador general, Ordóñez destituyó a Piedad Córdoba y la inhabilitó durante 18 años para ejercer cargos públicos, argumentando presuntos vínculos con las antiguas Farc. Sin embargo, en agosto de 2016 el Consejo de Estado anuló la sanción al determinar que las pruebas utilizadas no eran suficientes para sustentar la responsabilidad disciplinaria de la congresista.
La decisión obligó a la Procuraduría a reconocer los salarios y prestaciones que Córdoba dejó de percibir durante el periodo de separación de su cargo.
Posteriormente, el Ministerio Público presentó una acción de repetición para recuperar el dinero pagado, al considerar que Ordóñez debía responder por la actuación que ocasionó el perjuicio económico.
La Procuraduría quiere recuperar $1.674 millones
La reclamación busca que el exprocurador pague $1.674 millones de su propio bolsillo, más los ajustes e intereses correspondientes.
En diciembre de 2025 se conoció que el Consejo de Estado había solicitado nuevas pruebas e información a varias entidades, entre ellas la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y el Banco Popular, dentro del trámite judicial.
La demanda busca establecer si Ordóñez incurrió en culpa grave al adoptar las decisiones disciplinarias que posteriormente fueron anuladas.
Mientras no exista una sentencia que declare su responsabilidad patrimonial, el monto constituye una reclamación judicial y no una deuda definitivamente establecida en su contra.
Toro cuestiona el regreso de Ordóñez al poder
La denuncia de Alejandro Toro también revive el historial del exprocurador frente a dirigentes de izquierda y sectores progresistas. Durante su paso por la Procuraduría, Ordóñez protagonizó decisiones contra figuras como Piedad Córdoba y Gustavo Petro. En el caso de Petro, ordenó su destitución e inhabilidad cuando era alcalde de Bogotá, una decisión que posteriormente fue revertida.
Ahora, Abelardo de la Espriella lo ha escogido para dirigir el Ministerio del Interior, cartera encargada de las relaciones políticas del Gobierno con el Congreso y distintos sectores sociales. El nombramiento fue anunciado el 21 de octubre, aunque Ordóñez todavía adelanta los trámites para asumir formalmente el cargo.
