La Biblioteca Marco Fidel Suárez de la Cancillería custodia cerca de 30.000 títulos bibliográficos, entre ellos unos 2.000 volúmenes patrimoniales que datan desde 1637. Denuncian que parte de este material fue retirado en cajas y camiones, sin que se conozcan públicamente las condiciones de conservación y su destino.
Una grave alerta sobre la protección del patrimonio histórico colombiano surgió este jueves 29 de octubre, luego de que Harol González, exdirector de la Academia Diplomática, denunciara el retiro de libros y documentos de la Biblioteca Marco Fidel Suárez del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según González, el material fue empacado en cajas y trasladado en dos camiones durante una noche lluviosa en Bogotá. El exfuncionario difundió un video del procedimiento y cuestionó que no se conociera el destino de los documentos ni las garantías para su conservación.
La preocupación no es menor: la biblioteca reúne aproximadamente 30.000 títulos bibliográficos y una colección patrimonial de cerca de 2.000 volúmenes publicados entre 1637 y 1956. Entre sus fondos se encuentran obras sobre la formación de la República, tratados limítrofes, historia de las relaciones exteriores, documentos jurídicos, mapas antiguos y publicaciones diplomáticas que constituyen testimonios irremplazables de la historia nacional.
Cartas de Bolívar, tratados y documentos fundacionales
La denuncia menciona cartas de Simón Bolívar, documentos relacionados con el general Daniel Florencio O’Leary y Francisco José de Caldas, constituciones históricas y tratados internacionales. La importancia de estos fondos está respaldada por la propia Cancillería. En julio de 2026, la entidad organizó una exposición sobre Simón Bolívar y la diplomacia que incluía correspondencia diplomática original, mapas del siglo XIX, ediciones históricas y facsímiles de tratados.
Su guía patrimonial también registra colecciones de derecho internacional, memorias de relaciones exteriores, conferencias panamericanas, cartografía histórica y obras que permiten reconstruir las decisiones que dieron forma a las fronteras y las relaciones internacionales de Colombia.
Un traslado sin garantías conocidas puede causar daños irreversibles
Los libros antiguos y documentos históricos no pueden manipularse como mercancía corriente. El papel envejecido, las encuadernaciones originales, las tintas y los soportes documentales pueden deteriorarse por golpes, humedad, presión excesiva y cambios bruscos de temperatura. Un traslado patrimonial exige inventarios individualizados, embalajes apropiados, personal especializado, controles ambientales y trazabilidad de cada pieza.
Hasta el momento no se ha hecho público un protocolo que permita establecer si estas condiciones se cumplieron durante el traslado denunciado. La excanciller Rosa Villavicencio rechazó el procedimiento y reclamó que cualquier movilización del material cuente con respaldo administrativo, inventario y medidas de conservación.
Una biblioteca que sobrevivió a la destrucción de 1948
El valor de la colección tiene un antecedente especialmente doloroso. Según la guía patrimonial de la Cancillería, durante el incendio de sus instalaciones el 9 de abril de 1948 se perdieron alrededor de 6.000 volúmenes. Parte de los libros que hoy conserva la biblioteca sobrevivió a aquella destrucción. Perder o deteriorar ese patrimonio significaría afectar testimonios históricos que no pueden recuperarse simplemente comprando nuevos ejemplares.
La indignación comenzó semanas atrás, cuando el Gobierno anunció un cierre parcial de la biblioteca desde el 21 de septiembre para adelantar labores de inventario, valoración y organización. Posteriormente surgieron denuncias periodísticas sobre una posible transformación del espacio en capilla, sin que se haya acreditado un acto administrativo definitivo que confirme ese cambio.
La Cancillería debe responder por cada documento
El Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene la obligación de explicar qué materiales fueron retirados, quién autorizó el traslado, dónde se encuentran, qué empresa o personal intervino y cuáles fueron las medidas adoptadas para protegerlos. También debe aclarar si se movilizaron piezas patrimoniales originales, si existió supervisión de conservadores especializados y si se levantaron actas de entrega y recepción.
La memoria histórica de Colombia no pertenece al gobierno de turno. Es patrimonio de todos los ciudadanos y su custodia exige responsabilidades que no pueden quedar ocultas detrás de cajas cerradas y camiones sin destino públicamente conocido.
