La funcionaria del gobierno de Abelardo de la Espriella y ficha de Federico Gutiérrez, será juzgada por delitos cometidos cuando era fiscal contra el crimen organizado.
La viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad, Claudia Carrasquilla Minami, y quien fuera una de las “consentidas” de Federico Gutiérrez, deberá enfrentar juicio por los delitos de fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, dentro de un proceso relacionado con actuaciones que realizó cuando era fiscal contra el crimen organizado en Medellín. La investigación se remonta a un expediente contra policías presuntamente vinculados con una organización dedicada a hurtos. Carrasquilla conserva la presunción de inocencia y será el juicio el que determine su responsabilidad penal.
El caso comenzó con la denuncia del patrullero William Fernando Molina Torres, capturado en 2015. Según la acusación, Carrasquilla habría firmado declaraciones juradas dando constancia de su presencia en diligencias realizadas en una cárcel de Valledupar, pese a que la Fiscalía sostiene que ella no estuvo allí. Esos documentos habrían sido utilizados posteriormente dentro del proceso que condujo a la captura y privación de la libertad de Molina. El proceso penal contra Carrasquilla comenzó formalmente en 2024 y su audiencia preparatoria había sufrido varios aplazamientos.
El Gobierno decidió nombrarla conociendo la existencia de un proceso penal que venía avanzando desde antes de su posesión.
Las actuaciones de Carrasquilla ya habían sido cuestionadas años antes. En 2019, la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar le formuló pliego de cargos por presuntas faltas relacionadas con los mismos hechos y consideró que existían elementos para investigar posibles conductas de falsedad ideológica y fraude procesal. Carrasquilla ha rechazado las acusaciones: en 2024 sostuvo públicamente que era inocente y calificó el proceso como un “montaje” y una retaliación política por su oposición al entonces presidente Gustavo Petro.
La decisión de llevar el expediente a juicio adquiere dimensión política porque Carrasquilla ocupa actualmente uno de los cargos centrales de la política de seguridad del gobierno de Abelardo de la Espriella. Antes de ingresar al Ejecutivo fue concejal de Medellín por el Centro Democrático e integró la coalición que respaldó al alcalde Federico Gutiérrez.
Cuando fue escogida para el Viceministerio, en agosto, el proceso penal ya era público y se encontraba en curso. Sectores críticos habían cuestionado además los sucesivos aplazamientos de la audiencia preparatoria; el abogado de derechos humanos Alex Alberto Morales pidió recientemente que quedaran registradas las razones de una nueva suspensión.
En el gobierno de Abelardo de la Espriella tienen cabida, al parecer, personas acusadas por haber violado las leyes colombianas
El caso plantea que una de las principales responsables de orientar actualmente las políticas de defensa y seguridad del país deberá defenderse en los tribunales de una acusación relacionada precisamente con su actuación como funcionaria encargada de perseguir organizaciones criminales. Hay que resaltar que el Gobierno decidió nombrarla conociendo la existencia de un proceso penal que venía avanzando desde antes de su posesión.
Según el expediente disciplinario de 2019, la investigación cuestionada estuvo bajo el liderazgo de Carrasquilla cuando era Fiscal 27 Especializada de Medellín de la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas contra el Crimen Organizado. La decisión disciplinaria sostuvo que había elementos para formularle cargos, aunque también dejó constancia de aspectos favorables a la entonces fiscal, entre ellos que Molina era, hasta ese momento, el único imputado de aquella investigación que había presentado ese tipo de reclamación.
