Durante una reunión realizada el 15 de septiembre en la Casa de Nariño con el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y la cúpula militar y policial, Rendón planteó destinar hasta $70.000 millones de recursos de la Gobernación para un piloto de aspersión en cinco municipios: Valdivia, Tarazá, Anorí, Cáceres e Ituango.
La propuesta llega en medio de la discusión sobre la seguridad y el crecimiento de los cultivos ilícitos en algunas zonas del departamento. Sin embargo, el uso del glifosato no es un asunto nuevo ni jurídicamente resuelto.
En 2015, el programa de aspersión aérea con glifosato (PECIG) fue suspendido. Posteriormente, la Corte Constitucional, en la sentencia T-236 de 2017, estableció que una eventual reanudación debía estar acompañada de medidas para proteger la salud y el ambiente, además de considerar aspectos como la consulta previa cuando se afecten comunidades étnicas. La Corte también señaló la existencia de un riesgo significativo para la salud asociado a la aspersión aérea y ordenó medidas de protección.
Además, en 2015 la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), de la Organización Mundial de la Salud, clasificó el glifosato como “probablemente carcinogénico para los seres humanos” (Grupo 2A), basándose en evidencia limitada en humanos y suficiente en animales experimentales.
Eso sí: hay que hacer una precisión importante frente a lo que circula en redes. No es correcto decir simplemente que “el glifosato está prohibido en Colombia”. La ANLA señala que el programa de aspersión aérea fue suspendido en 2015, mientras que existen modalidades de aplicación terrestre, incluido el uso de drones bajo determinadas condiciones regulatorias.
La iniciativa de Rendón, por ahora, es una propuesta de un piloto y no significa que los $70.000 millones ya hayan sido ejecutados ni que las fumigaciones hayan comenzado. La Gobernación informó que esta semana se realizarían las primeras reuniones para avanzar en la implementación y que posteriormente el Gobierno Nacional revisaría las propuestas.
La discusión, por tanto, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que Colombia lleva más de una década enfrentando: cómo combatir los cultivos de uso ilícito sin trasladar los costos ambientales y de salud a las comunidades rurales que viven en esos territorios.
