Salvación Nacional propone trasladar $100.000 millones de la justicia transicional a la Rama Judicial. El recorte llega cuando la JEP entra en una fase decisiva de juzgamiento y profundiza investigaciones sobre falsos positivos y alianzas entre agentes estatales, paramilitares y terceros civiles.
La JEP vuelve a estar en la mira del Gobierno de Abelardo de la Espriella. El senador Enrique Gómez, director de Salvación Nacional, propuso quitarle $100.000 millones de su presupuesto para 2027 y trasladarlos a la Rama Judicial, argumentando que la justicia ordinaria tiene unos 2,2 millones de procesos pendientes y cuestionando los resultados de la justicia transicional. De la Espriella respaldó públicamente la iniciativa con la expresión “publíquese, comuníquese y cúmplase”.
El recorte se plantea en un momento especialmente sensible. El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ya había advertido que el presupuesto previsto para 2027 tenía un faltante superior a $125.000 millones frente a lo solicitado para cumplir sus funciones. Restarle otros $100.000 millones profundizaría esa brecha precisamente cuando la jurisdicción avanza de la investigación hacia los juicios y sentencias. Espriella, además, ha sido crítico de la JEP desde antes de llegar a la Presidencia.
En Antioquia, después de escuchar en versión voluntaria a 146 antiguos integrantes de la IV Brigada, la JEP imputó a cuatro generales y otros 35 oficiales y suboficiales por un patrón que involucró al menos 442 víctimas entre 2004 y 2007. La Sala determinó la existencia de una política de facto de “conteo de cuerpos”, acompañada de presiones e incentivos para producir bajas.
La JEP les resulta muy incómoda por las verdades que está sacando a la luz
Y los resultados de esas investigaciones ayudan a explicar por qué la JEP genera tanta controversia política. En el Caso 03, sobre asesinatos y desapariciones presentados falsamente como bajas en combate, la jurisdicción estableció un universo provisional de 6.402 víctimas entre 2002 y 2008. Para 2024 ya había imputado por crímenes de guerra y de lesa humanidad a 102 integrantes de la Fuerza Pública, además de un agente estatal y tres civiles; 92 habían reconocido responsabilidad. Solo en los seis territorios inicialmente priorizados, la JEP había practicado 745 versiones voluntarias hasta agosto de 2023.
Los hallazgos no describen únicamente delitos individuales. En Antioquia, después de escuchar en versión voluntaria a 146 antiguos integrantes de la IV Brigada, la JEP imputó a cuatro generales y otros 35 oficiales y suboficiales por un patrón que involucró al menos 442 víctimas entre 2004 y 2007. La Sala determinó la existencia de una política de facto de “conteo de cuerpos”, acompañada de presiones e incentivos para producir bajas. En el conjunto del subcaso antioqueño, la propia JEP ha informado que 42 de 50 máximos responsables imputados reconocieron su participación en los crímenes de seis batallones de la IV Brigada.
Reducir su capacidad en esta etapa buscaría afectar el ritmo con el que Colombia conozca esas verdades,
Pero la verdad que todavía puede emerger va más allá de los cuarteles. El Caso 08 investiga precisamente crímenes cometidos por integrantes de la Fuerza Pública y otros agentes estatales en asociación con paramilitares o terceros civiles. En el Magdalena Medio, por ejemplo, la JEP recibió las versiones de 35 comparecientes de la Fuerza Pública y está contrastándolas con 60 informes de organizaciones de víctimas, 33 sentencias de Justicia y Paz y archivos oficiales. Por eso esas investigaciones podrían eventualmente conducir a información sobre empresarios, funcionarios o dirigentes políticos, si la evidencia demuestra su participación.
Salvación Nacional sostiene que el dinero debe destinarse a una justicia ordinaria congestionada y que los resultados de la JEP no justifican sus recursos. El problema es que el recorte no llega a una institución que haya terminado su trabajo: llega cuando sus expedientes han conseguido que decenas de antiguos militares reconozcan crímenes de guerra y de lesa humanidad y cuando investigaciones como el Caso 08 siguen reconstruyendo las relaciones entre Fuerza Pública, paramilitares, agentes estatales y civiles.
Reducir su capacidad en esta etapa buscaría afectar el ritmo con el que Colombia conozca esas verdades, aunque determinar el impacto concreto dependerá del presupuesto finalmente aprobado y de cómo la JEP distribuya sus recursos.
