La bancada del Pacto Histórico convocó una movilización nacional contra el Presupuesto General de la Nación de 2027, aprobado por $634,9 billones. Denuncia un aumento del servicio de la deuda, menos recursos para la JEP, afectaciones al SENA y reducción de la inversión en varios departamentos.
La bancada del Pacto Histórico convocó una movilización nacional para el próximo 24 de noviembre, en rechazo a las prioridades del Presupuesto General de la Nación de 2027 del Gobierno de Abelardo de la Espriella. El Congreso aprobó este 20 de octubre un presupuesto de $634,9 billones, pese a los cuestionamientos de la oposición sobre la distribución de los recursos.
La deuda se lleva casi la mitad del presupuesto mientras pierde la inversión social
Una de las principales razones de la convocatoria es el aumento del dinero destinado al servicio de la deuda pública, es decir, al pago de intereses y vencimientos de obligaciones del Estado.
La bancada del Pacto Histórico denuncia un incremento del 46 %. Durante el trámite legislativo también se registraron cifras que situaban el servicio de la deuda en $155,4 billones, frente a $100,45 billones en 2026, aunque la distribución fue modificada posteriormente. Para los convocantes, el problema es que el crecimiento del presupuesto no necesariamente se traduce en más inversión para atender las necesidades de la población.
SENA perdería $500.000 millones.
Otro motivo central de la movilización es la reducción de recursos para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), encargada de investigar y juzgar los crímenes más graves del conflicto armado dentro de su competencia.
El propio Gobierno confirmó un ajuste de $181.400 millones al presupuesto de esta jurisdicción, incluidos $11.400 millones trasladados al Ministerio de Defensa. La bancada advierte que la reducción compromete la financiación de la justicia transicional. El Ejecutivo, por su parte, asegura que los ajustes no afectarán el funcionamiento ni las tareas misionales de la entidad.
La preocupación se concentra en el impacto que una reducción de recursos podría tener sobre la formación técnica y tecnológica, especialmente para jóvenes y trabajadores que encuentran en esta institución una oportunidad de acceder a educación pública y mejorar sus posibilidades laborales. La cifra denunciada por la bancada requiere contrastarse con las apropiaciones definitivas del presupuesto aprobado.
14 departamentos recibirían menos inversión real
La distribución territorial de los recursos es otro de los motivos de la convocatoria.
Según la bancada, 14 departamentos recibirían menos inversión real. En el debate presupuestal también se advirtieron reducciones en las partidas previstas para departamentos como San Andrés, Vichada, Atlántico, Tolima, Bolívar y Chocó. Estas disminuciones preocupan especialmente en territorios donde la inversión nacional resulta determinante para financiar infraestructura, servicios públicos, salud y educación.
Una movilización por las prioridades del gasto público
El Gobierno defiende el presupuesto como una respuesta a las obligaciones fiscales y a las necesidades de financiación del Estado. También sostiene que incorporó recursos para educación, salud, subsidios y otras responsabilidades que considera insuficientemente financiadas.
La movilización del 24 de noviembre buscará trasladar esa discusión del Congreso a las calles: cuánto dinero destina el Estado a sus obligaciones financieras y cuánto queda disponible para la paz, la educación pública, el trabajo y las regiones.
