Mientras el Eje Cafetero necesita recursos para reconstruirse tras el terremoto, el Gobierno de De la Espriella decidió extender hasta septiembre de 2027 la concesión de Autopistas del Café. Una estimación señala que los privados conservarían ingresos por más de $122.000 millones durante seis meses adicionales.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, confirmó que Autopistas del Café continuará en manos de su actual concesionario hasta septiembre de 2027, pese a que el contrato tenía prevista su terminación en febrero. La decisión mantiene el negocio de los peajes en el corredor que conecta Caldas, Risaralda y Quindío, en plena emergencia por el terremoto del 10 de agosto.
La cifra que enciende las alarmas es de $122.542 millones. Ese sería el ingreso bruto estimado que la concesionaria podría recaudar durante seis meses adicionales, calculado a partir de sus ingresos registrados entre 2022 y 2025.
De confirmarse que el corredor debía pasar a administración pública en febrero, estos recursos habrían podido representar una fuente de ingresos para el Estado. Esta decisión es contraria a la planteada por el gobierno Petro que planteaba que la vía fuera administrada por el Estado pues ya se había pagdo.
La reconstrucción necesita dinero pero el gobierno se lo deja a los privados
El contraste es contundente. El propio Gobierno reconoció que Invías requiere preliminarmente $2,468 billones para atender los daños del terremoto en la infraestructura vial, fluvial y los puentes bajo su responsabilidad. En lugar de asegurar cuanto antes el retorno del corredor al Estado, el Ministerio de Transporte optó por prolongar su explotación privada.
La explicación oficial es que la Agencia Nacional de Infraestructura necesita tiempo para definir el futuro de la carretera y garantizar su mantenimiento. Sin embargo, esa justificación no resuelve la pregunta central: ¿cuánto le costará realmente a la Nación mantener los peajes en manos del concesionario?
En una región que necesita reconstruir vías, puentes y servicios esenciales, cada peso público cuenta. El Gobierno debe explicar por qué decidió ampliar una concesión privada y demostrar que esa decisión beneficia más a los ciudadanos que una alternativa de administración estatal.
La emergencia exige recursos para reconstruir el Eje Cafetero, no beneficios privados sin una justificación económica transparente.
