Mientras miles de niños morían bajo las bombas en Gaza y el mundo entero observaba una de las peores crisis humanitarias de los últimos años, muchos de los sectores políticos que hoy se presentan como los grandes defensores de la vida guardaron silencio o concentraron sus críticas en otros aspectos del conflicto.
Ahora, esos mismos sectores impulsan una reforma constitucional para restringir el derecho al aborto, argumentando que su propósito es proteger la vida desde la concepción.
La contradicción ha encendido el debate. Para sus críticos, no puede hablarse de una defensa coherente de la vida cuando se reclama protección absoluta para unos, pero se relativiza o se evita condenar con la misma contundencia la muerte de miles de niños y civiles en escenarios de guerra.
La vida no debería depender de la ideología, del territorio donde se nace ni de quién sea la víctima. Si la defensa de la vida es un principio, debe serlo siempre, sin excepciones ni cálculos políticos.
El intento de modificar la Constitución reabre una discusión que Colombia ya había dado durante años y que terminó reconociendo que las mujeres tienen derechos fundamentales sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida. Hoy, el país vuelve a preguntarse si el debate está motivado por una defensa integral de la vida o por una agenda política que aplica estándares distintos según el tema o el contexto.
Porque defender la vida exige coherencia. Y esa coherencia también se pone a prueba cuando las víctimas son niños y niñas al otro lado del mundo.
