El organismo propone que buena parte del ajuste fiscal salga de recortar transferencias, subsidios, salud y gasto salarial. El retiro del subsidio al ACPM podría trasladar mayores costos al transporte de alimentos y mercancías.
El Fondo Monetario Internacional propone para Colombia un ajuste equivalente al 3,2 % del PIB hacia 2028, pero la mayor parte no provendría de nuevos impuestos. Según sus propias cuentas, 2,2 puntos del PIB —cerca del 69 % del ajuste— saldrían de reducir gastos y solo un punto —31 %— de aumentar ingresos. Entre las medidas aparecen reducir transferencias, subsidios en salud, contener la masa salarial pública y eliminar subsidios a combustibles.
Una de las medidas de mayor impacto sería eliminar el subsidio al ACPM. El FMI calcula un ahorro de hasta 0,5 % del PIB por retirar subsidios a combustibles. El problema es que el diésel mueve buena parte del transporte de carga del país: un incremento puede elevar los costos de transportar alimentos y mercancías y trasladarse parcialmente a los precios que pagan los hogares. El propio Gobierno ha reconocido esa relación al justificar congelamientos del ACPM para evitar mayores costos sobre alimentos y bienes básicos.
El contraste está en quién soportaría el ajuste. El FMI propone aumentar cargas sobre apuestas digitales, petróleo, carbón y carbono, pero la sobretasa planteada para petróleo y carbón aportaría apenas 0,1 % del PIB, frente al 0,5 % esperado por eliminar subsidios a combustibles y 0,6 % por reducir transferencias. En el paquete no aparece como eje un nuevo impuesto general a los grandes patrimonios o a las rentas personales más altas. Eso no significa que las extractivas queden sin nuevas cargas, pero las cifras muestran que el peso principal de la propuesta está en reducir gasto.
Varias herramientas para aumentar ingresos ya habían sido planteadas durante el Gobierno Petro sin depender de un nuevo acuerdo con el FMI: mayores cargas a personas de altos ingresos y patrimonio, impuestos al petróleo y carbón y eliminación de beneficios tributarios, aunque esa administración también mantuvo deuda pública y aumentó gradualmente los combustibles para reducir el déficit del FEPC. Por eso la discusión no es simplemente si Colombia necesita ordenar sus finanzas, sino cómo se distribuye el costo entre hogares, trabajadores, grandes patrimonios y empresas.
La experiencia internacional también obliga a no presentar la receta del Fondo como garantía de recuperación. En su propia evaluación del programa aplicado a Grecia desde 2010, el FMI reconoció que, aunque se produjo un fuerte ajuste fiscal, no se consiguieron objetivos centrales como recuperar el crecimiento y restablecer la confianza, y posteriormente admitió que la contracción económica fue mucho mayor de lo proyectado y que el costo social fue muy alto. La crisis griega tuvo múltiples causas y no puede atribuirse exclusivamente al FMI, pero el antecedente demuestra que reducir déficit mediante austeridad puede producir consecuencias económicas y sociales distintas a las inicialmente previstas.
