Se encendió nuevamente el debate sobre el futuro de la universidad pública tras cuestionar la distribución del Presupuesto General de la Nación para 2027 y advertir sobre recortes que, según su denuncia, afectarían recursos destinados a la educación superior.
La discusión ocurre después de que el Gobierno de Abelardo de la Espriella reemplazara el proyecto de presupuesto que había dejado la administración de Gustavo Petro. La primera propuesta contemplaba $575,6 billones, mientras que el nuevo proyecto fue presentado por $634,9 billones. Sin embargo, el aumento global del presupuesto no significa necesariamente más recursos para inversión social: el nuevo proyecto incrementa fuertemente el servicio de la deuda y reduce el peso de la inversión.
Uno de los puntos que genera preocupación es precisamente el financiamiento de las universidades públicas. En el proyecto actualmente en discusión, los entes autónomos universitarios estatales y las universidades públicas aparecen con alrededor de $10,77 billones.
El Gobierno actual sostiene que el nuevo presupuesto incorpora obligaciones que, según su explicación, no estaban suficientemente financiadas en la propuesta anterior. Entre ellas menciona $700.000 millones adicionales para universidades públicas, además de mayores apropiaciones para pensiones, salud, salarios y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
Pero el debate no termina en cuánto dinero aparece escrito en el presupuesto, sino en qué se prioriza y de dónde salen los recursos.
El proyecto de 2027 contempla $155,4 billones para servicio de la deuda, mientras que la inversión pública queda en aproximadamente $86,9 billones. Frente al presupuesto que había dejado el Gobierno Petro, el servicio de la deuda aumenta en unos $37 billones y la inversión disminuye en alrededor de $3 billones.
El contraste es particularmente llamativo porque durante el Gobierno Petro la educación superior pública había registrado un aumento importante de recursos. Según cifras del propio Ministerio de Educación, el presupuesto destinado a educación superior pasó de $8,2 billones en 2022 a $11,2 billones en 2025, un crecimiento nominal del 35,8 %.
Además, la administración anterior impulsó una reforma al sistema de financiación universitario que terminó convirtiéndose en la Ley 2568 de 2026, cuyo objetivo es cambiar la fórmula de financiación de las universidades públicas, reemplazando el IPC por el Índice de Costos de la Educación Superior y estableciendo una ruta para aumentar progresivamente la inversión hasta llegar al 1 % del PIB.
Por eso, la advertencia de Rojas plantea una discusión de fondo: ¿qué ocurrirá con el fortalecimiento de la universidad pública si una mayor proporción de los recursos nacionales termina comprometida en deuda y funcionamiento?
El Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana también ha advertido que el PGN 2027 tendrá una presión considerable por el servicio de la deuda: estima $115,1 billones destinados a este concepto, por encima de los recursos asignados a educación y salud, y señala que la inversión perdería participación dentro del presupuesto.
La discusión ahora queda en manos del Congreso, que deberá definir el articulado definitivo del presupuesto.
