La ARN, encargada de acompañar a quienes dejaron las armas, tiene $68.266 millones bloqueados y su directora lleva semanas intentando renunciar sin recibir respuesta. La crisis revive el fantasma de la desfinanciación que organizaciones denunciaron durante el gobierno Duque.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella acumula decisiones que ponen bajo presión la implementación de la paz. Ahora el foco está sobre la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN): $68.266 millones permanecen bloqueados, mientras Carolina Vergara, su directora encargada, asegura que ha presentado y ratificado más de tres veces su renuncia sin que Presidencia le responda. La Agencia acompaña a 15.500 personas en procesos de reincorporación, entre ellas 11.108 firmantes del Acuerdo de Paz con las antiguas FARC.
El presupuesto también se recorta. Habrá una reducción del 46 % que podría llevar a la entidad de unos 1.300 contratistas a cerca de 400.
La cifra muestra la dimensión de la crisis. $53.000 millones que tenían soporte presupuestal fueron bloqueados desde el 21 de agosto, afectando recursos necesarios para terminar 2026. A estos se suman, según la información revelada por CAMBIO a partir de las alertas de Vergara, otros $15.266 millones que aún no contaban con certificado de disponibilidad presupuestal. En conjunto son $68.266 millones bajo restricciones, aunque las dos partidas se encuentran en situaciones presupuestales diferentes.
$68.266 millones que tenían soporte presupuestal fueron bloqueados desde el 21 de agosto
Las consecuencias ya dejaron de estar en el papel. La ARN ha tenido dificultades con la contratación de vigilancia y seguridad para sus 32 sedes territoriales, seguros, traslados por razones de seguridad y actividades de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Además, la proyección presupuestal para 2027 supone, según información conocida por EL PAÍS, una reducción del 46 % que podría llevar a la entidad de unos 1.300 contratistas a cerca de 400.
El Gobierno Espriella enfrenta cuestionamientos similares por hechos concretos: una Agencia de reincorporación con decenas de miles de millones bloqueados, riesgos para su operación y una directora encargada que quiere salir del cargo y denuncia silencio institucional. Vergara aseguró ante la Comisión Legal de Paz del Congreso que ha ratificado su renuncia “más de tres veces”.
Por eso, “hacer trizas la paz” funciona aquí como una lectura política de estas decisiones, no como una declaración del Gobierno Espriella. Lo comprobable es que $68.266 millones de la ARN están bajo bloqueo o restricción presupuestal y que los programas afectados son precisamente los que buscan impedir que miles de personas que entregaron las armas queden abandonadas por el Estado. Diez años después de la firma del Acuerdo, la discusión vuelve a ser la misma: si la paz se sostiene únicamente con discursos o también con instituciones y presupuesto.
Unidad de Búsqueda y JEP también están siendo atacadas vía desfinanciación
La presión presupuestal no se limita a la ARN. Salvación Nacional propuso trasladar $100.000 millones del presupuesto de funcionamiento de la JEP a la justicia ordinaria, iniciativa respaldada públicamente por Abelardo de la Espriella y frente a la cual la Jurisdicción advirtió que un recorte de esa magnitud comprometería su funcionamiento.
Al mismo tiempo, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) alertó que su inversión para 2027 caería de $76.273 millones a $59.636,5 millones, es decir, $16.636,5 millones menos, pese a que había calculado necesidades por $112.002,5 millones. La propia Unidad advierte que el ajuste amenaza investigaciones, exhumaciones, laboratorios y presencia territorial para continuar buscando a más de 137.000 personas desaparecidas. Así, ARN, JEP y UBPD —tres instituciones vinculadas a la implementación y al Sistema Integral de Paz— enfrentan simultáneamente bloqueos o propuestas de reducción de recursos, reforzando el debate sobre el rumbo que el Gobierno Espriella está dando a los compromisos de paz.
