Con el cambio de gobierno, las principales reformas sociales impulsadas por el presidente Gustavo Petro entran en una etapa de incertidumbre. La reforma laboral, la pensional, la propuesta de transformación del sistema de salud y otros proyectos sociales podrían enfrentar modificaciones, nuevos intentos de archivo o cambios en su implementación, dependiendo de las mayorías que logre construir el nuevo Ejecutivo y de las decisiones de las altas cortes.
Uno de los casos más relevantes es el de la reforma laboral, que ya fue aprobada y recuperó derechos como el pago del 100 % de los recargos por trabajo dominical y festivo, el inicio de la jornada nocturna desde las 6:00 p. m., mayores garantías para trabajadores de plataformas digitales y medidas para fortalecer la contratación formal. Aunque ya es ley, expertos advierten que futuras modificaciones requerirían nuevas iniciativas legislativas y que algunos sectores políticos han anunciado su intención de revisarla.
En materia de pensiones, la reforma también enfrenta un momento clave. La Ley 2381 de 2024, vigente desde julio de 2025, creó un sistema de pilares para ampliar la cobertura y estableció beneficios como una renta solidaria para más de dos millones de adultos mayores en condición de pobreza. Además, inició una reducción progresiva del requisito de semanas para muchas mujeres y contempla descuentos de semanas por maternidad. Sin embargo, la reforma aún enfrenta revisión judicial y continúa siendo objeto de debate político.
El panorama es aún más incierto para la reforma a la salud. Durante el gobierno Petro no logró convertirse en ley en los términos inicialmente propuestos y el Pacto Histórico volvió a radicar un proyecto que mantiene ejes como el fortalecimiento de la atención primaria y la reducción del papel de las EPS en la administración de los recursos. No obstante, el nuevo gobierno ha expresado una visión diferente sobre el sistema, por lo que su aprobación luce difícil en el actual escenario político.
La incertidumbre también alcanza otras políticas sociales. La liquidación del Ministerio de Igualdad, tras el vencimiento del plazo fijado por la Corte Constitucional, deja interrogantes sobre la continuidad de cerca de 30 programas, entre ellos el Sistema Nacional de Cuidado, SALVIA y Jóvenes en Paz, dirigidos a mujeres, juventudes y poblaciones históricamente vulnerables.
Frente a este panorama, el Pacto Histórico decidió radicar nuevamente varias de sus iniciativas sociales antes de terminar el mandato, con el objetivo de mantenerlas vivas en el Congreso y convertirlas en la base de la oposición política durante el próximo cuatrienio. Sin embargo, la fragmentación del Legislativo y la falta de mayorías claras hacen prever un debate intenso sobre el futuro de estas propuestas.
El futuro de las reformas dependerá de las decisiones del Congreso, de los fallos de las altas cortes y de la capacidad de los distintos sectores políticos para construir acuerdos. Mientras tanto, millones de trabajadores, pensionados y usuarios del sistema de salud seguirán atentos a si los cambios impulsados en los últimos años se consolidan, se modifican o toman un rumbo distinto.
