Hay un silencio que vuelve a recorrer los territorios.
No es el silencio de quien no tiene nada que decir. Es el de quienes vuelven a preguntarse si hacer política, defender una causa o militar en un movimiento puede convertirlos en un blanco.
En menos de una semana, dos militantes del Pacto Histórico fueron asesinados. Uno de los casos ocurrió en Pereira, donde fue asesinado César Augusto Serna Restrepo. El otro, según informó el presidente Gustavo Petro, corresponde a un líder del Pacto en el Tolima. Ambos hechos son investigados por las autoridades y, hasta ahora, no existe una conclusión oficial sobre sus móviles.
Los homicidios sacudieron a la colectividad.
Desde su cuenta en X, el presidente Gustavo Petro aseguró que “han sido asesinados dos líderes del Pacto Histórico, uno en el Tolima y otro en Pereira. Las amenazas hoy se cuentan por miles”. Además, expresó su preocupación por el clima de confrontación política. Sin embargo, las autoridades no han establecido, hasta el momento, que exista una motivación política detrás de ambos crímenes, una posibilidad que sigue siendo materia de investigación.
Más allá de los expedientes judiciales, lo ocurrido reabrió un viejo temor dentro de la izquierda colombiana.
El miedo de volver a militar mirando por encima del hombro.
El miedo de que un dirigente barrial, un líder campesino, una lideresa comunal o un activista ambiental vuelva a preguntarse si vale la pena seguir levantando la voz.
La preocupación no surge únicamente por estos dos asesinatos. En distintas regiones del país persisten amenazas contra dirigentes sociales, defensores del territorio y representantes de organizaciones comunitarias. Esa realidad ha llevado a sectores del Pacto Histórico a pedir mayores garantías para ejercer la oposición y el liderazgo político en un contexto de alta polarización.
En el caso de César Augusto Serna Restrepo, incluso las autoridades ampliaron las líneas de investigación después de que se planteara públicamente la posibilidad de una motivación relacionada con su actividad política. Esa hipótesis no ha sido confirmada y continúa bajo análisis.
El debate, sin embargo, va mucho más allá de dos nombres.
En Colombia, quienes hacen política desde los territorios —especialmente en zonas atravesadas por conflictos armados, disputas por la tierra o economías ilegales— suelen enfrentar riesgos que trascienden las campañas electorales.
Por eso, el asesinato de dos militantes en pocos días no solo enluta a una colectividad política. También reabre una discusión de fondo: ¿existen hoy garantías suficientes para que la oposición, los líderes sociales y quienes defienden sus comunidades puedan ejercer su labor sin miedo?
La respuesta aún está por escribirse.
Y mientras avanzan las investigaciones para esclarecer estos homicidios, una cosa sí parece evidente: cada asesinato de un líder o militante no solo apaga una vida. También siembra incertidumbre entre quienes, desde los barrios, las veredas y los municipios, siguen creyendo que la política puede ser una herramienta para transformar sus territorios.
